El crimen de Badajoz destapa los fallos de los centros de menores infractores: falta de personal, precariedad y privatización | Sociedad

La muerte de Belén Cortés, de 35 años, en un piso de Badajoz mientras trabajaba cuidando de un grupo de menores que cumplían diferentes resoluciones judiciales ha puesto sobre la mesa la falta de medidas seguridad que pueden tener estas viviendas y la precariedad laboral a la que se enfrentan las personas que desempeñan estos empleos, a cargo de empresas contratadas por las Administraciones autonómicas. El homicidio, en el que hay tres menores implicados, se cometió una noche en la que ella era la única cuidadora a cargo de los jóvenes. Los compañeros de la víctima aseguran que llevaban meses alertando de que el comportamiento de los chicos era “cada vez más agresivo” y que no se podía permitir que se quedara con ellos solo una persona.Tras la muerte de Belén Cortés, la Consejera de Asuntos Sociales de la Junta extremeña, Sara García España (PP), ha asegurado que la empresa que se encargaba de gestionar el piso en el que mataron a la auxiliar cumplía lo pactado en 2022, cuando se le adjudicó este servicio, es decir un trabajador por turno, y que se estaba haciendo un nuevo pliego en el que se contemplaba un refuerzo de personal. También, que no descartan incrementar la seguridad, algo para lo que escucharán a las partes implicadas.En este tipo de centros se cumplen medidas impuestas por un juez de menores por resolución judicial que implican hacer una convivencia en grupo educativo, una fórmula prevista dentro de la ley 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores. En Extremadura, estos pisos tutelados tienen gestión privada, aunque se sufraguen con dinero público, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas.El menor puede llegar a ellos para cumplir una medida cautelar o porque ya haya habido un juicio y se haya dictado una sentencia. “Son recursos mixtos, abiertos, en los que los chicos tienen un tiempo de adaptación, que consiste básicamente en que lleven una vida normalizada”, explica Inés María Solomando, secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura, con una década de experiencia en el sector y que actualmente trabaja en un centro de protección de menores público de la región.En el caso de Badajoz, Belén Cortés trabajaba como ATE (Auxiliar Técnico Educativo), una figura que se considera personal de apoyo. Los empleados de los centros concertados suelen tener mayor rotación porque los salarios son bajos y también acusan falta de personal, asegura Solomando, que no concibe que una sola persona pudiera quedarse al cuidado de los jóvenes. El colectivo también reclama formación en gestión de conflictos y que se les reconozca como figura de autoridad, además de la peligrosidad a la que se enfrentan. El perfil del menor con el que trabajan como educadoras sociales ha cambiado cada vez más y se encuentran con más conductas disruptivas, problemas de salud mental, y tienen dificultades para que estos menores reciban tratamiento, porque el servicio de la sanidad pública es muy escaso, con consultas cada dos meses, por ejemplo, y tienen que recurrir al privado. “Es un trabajo muy vocacional. Estos niños vienen con las mochilas muy cargadas. No queremos que se estigmatice a nuestros niños”, pide.Su descripción coincide, en esencia, con la de otras profesionales que trabajan con menores infractores en diversas comunidades. Victoria Salinas trabajó hasta el año pasado en el centro Zambrana de Valladolid, un centro cerrado de jóvenes con medidas judiciales. Estuvo casi siete años y se marchó tras un motín de los internos, y ahora ha empezado una recogida de firmas en change.org para reclamar más seguridad y que se aplique la misma en todos los centros. El suyo ahora está gestionado por una empresa diferente. “Yo renuncié a mi proyecto de vida porque no me sentía a salvo en mi lugar de trabajo, porque no podía más de correr de un lado a otro por la falta de personal, de aguantar y ver insultos y agresiones a compañeros”.Igual que otras educadoras sociales consultadas por este periódico, reclama más personal. “La ratio educadores/menores no se suele respetar, aunque esté estipulada. En mi centro no se cubrían las bajas. El mayor problema que veo es que estos centros dependen de las Comunidades Autónomas, pero son gestionadas por empresas privadas con licitaciones que se suelen dar cada cuatro años. Cada empresa a su vez gestiona los centros, los convenios y los protocolos a su manera, cada una tiene el suyo. Así que, cuando quieres elevar una queja, ¿a quién la elevas? ¿A la Junta? ¿A la empresa? ¿A quién? Se diluyen las responsabilidades”, lamenta. Salinas añade que, en su centro, el protocolo que se utilizaba cuando entró era anterior a la aprobación de la ley antitabaco. “Fíjate lo actualizado que estaba que todavía detallaba los espacios donde podían fumar los menores”. Lamenta, asimismo, la falta de formación del personal. “La ley del menor estipula que el personal esté titulado. Pero cualquiera que entra allí no sabe que hay que hacer, nadie se lo explica, nos tocaba a los compañeros hacerlo, pero eso es inviable en horario laboral y un entorno además hostil”.Otra educadora social que estuvo trabajando varios años en el centro de menores Teresa de Calcuta en la Comunidad de Madrid, donde había hasta 14 módulos (cerrados, semiabiertos, de internamiento terapéutico) y unos 200 menores, corrobora esas afirmaciones. Prefiere no dar su nombre. “Hay mucha precariedad, no se cumplen las ratios, las bajas no se suelen cubrir y cuando tu compañero se va de vacaciones asumes que te toca hacer tu turno sola”. En su centro también hubo un motín, con compañeros que acabaron con las costillas o la nariz rotas. “Cuando me dieron la formación me explicaron que ante hechos de extrema gravedad como es el caso de un motín con rehenes hay que avisar a la máxima autoridad del centro para que se alerte a la Guardia Civil y entre una vez retirado todo el personal. Ese día no se hizo. ¿Por qué? Porque eso hubiera implicado abrir una investigación. Es más fácil lavar los trapos sucios de manera interna”. Sobre eso reflexiona una persona que trabaja desde hace muchos años en protección de la infancia: “Se intentan esconder y ocultar las situaciones de violencia porque así va a ser más fácil conseguir la siguiente licitación”.Las medidas judiciales impuestas a los menores en 2023 fueron 20.910, según los datos de la última memoria de la Fiscalía General del Estado. La cifra supone un descenso del 9,73% respecto al año 2022 (que fueron 23.175) y del 9.81% respecto al año 2021 (23.186). La medida más extendida es la libertad vigilada (46,1%), seguida del internamiento semiabierto, que supone un 10,75% del total y un 68,72% del total de internamientos. Las 3.721 medidas de internamiento acordadas, la más restrictiva en la jurisdicción de menores, suponen un 3,49% sobre la cifra global.“En la jurisdicción de menores se trabaja mucho y se trabaja bien, hay gente muy vocacional (…) lo que ocurre es que hay que poner medios”, destaca Joaquín Olmedo, abogado especializado en menores, que trabaja en Cádiz, y destaca que estas medidas de medio abierto están funcionando muy bien en los casos de violencia de padres a hijos en su región. “Otro problema que tenemos es el perfil de la gente que hay ahí. En la justicia de menores todo o el 90% está privatizado. Todo está en manos de ONG, asociaciones y demás. Entonces el problema a lo mejor es un control sobre el perfil de los que van a trabajar a esos centros. Aquí nos acordamos de la justicia de menores, como de Santa Bárbara, cuando truena; el resto del año no nos acordamos del tema de protección, o de la salud mental”, expone. El abogado critica la falta de control de asociaciones que gestionan estos pisos y que contratan a jóvenes que acaban de licenciarse, con sueldos ínfimos y sin apenas experiencia. Con todo, subraya que hay unos criterios judiciales y marcados por la Fiscalía que se controlan.En Andalucía hay 17 grupos educativos de convivencia pensados para funcionar como medio abierto, aunque en este caso separan a los chicos y las chicas. Son pisos, según fuentes del Gobierno andaluz, en los que los chicos aprenden las cosas básicas, como cuidado personal, de la casa o el uso de nuevas tecnologías, con un plan hecho “a medida” para cada caso. No suelen ser más de ocho plazas. “Se trata de darles normalidad, de reeducarlos y recuperarlos. Tenemos un porcentaje de reinserción de entre un 80% en medio abierto”, explican fuentes de la Consejería de Justicia andaluza. Dentro del 20% restante, hay chicos con los que “hay que seguir trabajando” y entre el 10% y el 5% es “irrecuperable”.“Cuando pasan casos como el de Badajoz. Para los propios profesionales es un mazazo. Nos lo dicen, es una pena porque a diario se trabaja con miles de menores que se recuperan. Es un caso de entre muchísimos, pero es verdad que alarman mucho”, reconocen.Las competencias corren a cargos de las Comunidades Autónomas también en los casos de los centros de acogida, es decir, centros de protección de niños y menores en situación de desamparo, bien porque los padres no pueden hacerse cargo de la tutela, bien porque hayan vivido una situación de violencia o abuso. Son, por lo tanto, las administraciones autonómicas las que asumen esa tutela. Para hacer frente a esos 17 modelos distintos, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado este miércoles que busca establecer unos estándares mínimos comunes que respondan al mismo marco sin invadir las competencias autonómicas.