La declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo está próxima a cumplir tres meses, el periodo establecido constitucionalmente para atender las causas que generaron la crisis humanitaria. Aunque este lapso es prorrogable por otros 180 días, cumpliendo el primer tercio del estado de excepción se han suscrito ocho contratos por 987 millones de pesos relacionados con acciones para solventar directamente la emergencia.Durante una entrevista con EL TIEMPO, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que, en el seguimiento a los recursos públicos invertidos para conjurar la peor emergencia humanitaria registrada en la última década en la región, solo el 0,2 % de los procesos contractuales de los últimos dos meses en los municipios priorizados ha sido destinado a estos fines.”Se han identificado 3.271 contratos en estos entes territoriales por un valor aproximado de $ 261 mil millones. De estos, 8 contratos, por cerca de $ 987 millones, están directamente relacionados con acciones de atención a la emergencia”, aseguró. Este ritmo responde, según el Contralor, a que las iniciativas del Gobierno Nacional todavía están en la fase de planeación, sin que se haya consolidado un cargo concreto al limitado presupuesto nacional, que —por factores como el bajo recaudo y, de acuerdo con el Presidente, por el hundimiento de la ley de financiamiento— tuvo que aplazar (recortar) 12 billones de pesos.Amparado en las facultades excepcionales que le permite la conmoción interior, el Ejecutivo expidió el decreto 0175 de 2025 que estableció tres nuevos impuestos temporales orientados a atender la emergencia: el IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, el 1 % a la extracción de hidrocarburos y carbón al momento de su primera venta o exportación y la reactivación del impuesto de timbre para los trámites notariales distintos a la enajenación de inmuebles.Sin embargo, dice el ente de control, “el recaudo derivado de estos tributos está proyectado para los meses de abril y mayo, lo que genera un desfase frente al periodo de vigencia del estado de excepción”. Por esta razón, con corte al 04 de abril, han sido los entes territoriales (alcaldías y gobernación) las que han iniciado las intervenciones mediante mecanismos de urgencia manifiesta con recursos propios. Los contratosEL TIEMPO tuvo acceso a los ocho contratos que se empezaron a firmar desde el 19 de enero, pocos días después de la escalada de los enfrentamientos entre el Eln y el ‘frente 33’ de las disidencias de las Farc, que en menos de una semana desplazó a más de 60.000 personas.El primero de ellos, precisamente, fue para atender el éxodo masivo que se concentró en Cúcuta, Tibú y Ocaña. El contrato 00000041 de 2025 fue firmado por el municipio de San José de Cúcuta por un valor de $ 593.000.000. Este tenía como objeto “prestar los servicios de apoyo logístico para garantizar los componentes de ayuda humanitaria a los declarantes por desplazamiento masivo en la región del Catatumbo”. El segundo (0027) fue firmado al día siguiente, el 20 de enero, por la Alcaldía de Ábrego. Por un valor de $30.000.000, se adquirió el servicio de suministro de productos alimenticios para la entrega de ayudas humanitarias, con el fin de contrarrestar la emergencia por desplazamiento de habitantes de zonas rurales del municipio.Ese mismo día la Cámara de Comercio de Ocaña, Norte de Santander, suscribió un contrato (CC2025-0004) de algo más de $4.000.000 millones de pesos para atender las víctimas del conflicto armado. Un mes después, el 20 de febrero, la alcaldía de Teorama contrató por $22.000.000 de pesos la prestación de servicios de apoyo a las secretarías para la atención integral de las víctimas y la población vulnerable (CD-PS-042-2025). En el objeto del convenio se lee “consolidación de información de víctimas del conflicto armado, grupos vulnerables y del programa renta ciudadana del sector zona del Catatumbo del municipio”.El 25 de febrero, la alcaldía de Hacarí también pagó $30.000.000 para la “atención humanitaria a víctimas del conflicto armado en el municipio, acorde con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, por medio del cual se decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.El 26, la alcaldía de Gramalote contrató por apenas $500.000 pesos el suministro de un kit de alimentación y de aseo para entregar ayudas humanitarias a víctimas del desplazamiento forzado del Catatumbo alojadas en el municipio (MC 012-2025). El 02 de abril la gobernación de Norte de Santander firmó un convenio por $300.000.000 para el suministro de combustible para el fortalecimiento de las capacidades logísticas y operativas del Ejército Nacional Trigésima Brigada y la Policía Nacional, con el fin de atender “la situación de emergencia humanitaria en la región del Catatumbo y restablecer el orden público y la seguridad”. Y el último, es fechado del 04 de este mes, por la alcaldía del municipio de Santiago, por un valor de $20.000.000 de pesos para “el apoyo logístico para la entrega de los kits correspondientes a ayudas humanitarias de emergencia a población víctima del conflicto generado por la situación en el Catatumbo (segunda y tercera entrega)”. Ante este limitado margen de acción, el contralor Rodríguez reiteró la importancia de que las entidades responsables avancen en la ejecución oportuna de los recursos disponibles, “alineados con los instrumentos normativos expedidos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del estado de conmoción interior en el plazo establecido, principalmente la mitigación de las causas que dieron lugar a su declaratoria”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia