Keren Selsy Ordóñez Hernández tiene 29 años de edad y ha pasado los últimos nueve años y cuatro meses en una cárcel de Tlaxcala, acusada de participar en el secuestro de una mujer en 2015, un delito que no cometió. El Tribunal Superior de Justicia de ese estado ha revocado este miércoles la sentencia condenatoria de 50 años de cárcel que pesaba sobre ella desde 2019 y que fue ratificada en 2024, por no tener pruebas que la incriminen y después de reconocer que ha sido víctima de tortura y que a través de ese mecanismo firmó una declaración donde asumía su responsabilidad en ese delito.El 11 de diciembre de 2015, a solo 29 días de haber tenido a su hija, Keren Ordóñez fue con su bebé en brazos a un domicilio en Veracruz que su expareja le indicó para recibir dinero por la manutención de su hija. Cuando estaban en ese lugar, y sin haber entrado siquiera a la casa, policías de civil llegaron armados en vehículos no oficiales, la detuvieron a ella y a su hija, a su expareja y a otro hombre en un operativo entre los gobiernos de Veracruz y de Tlaxcala, este último, el lugar donde se desarrollaba una investigación por el secuestro de una mujer.Ordoñez tuvo un embarazo y un parto complicados. Tenía 19 años cuando tuvo a su única hija con un hombre que era solo unos meses menor que ella. Cuando nació la niña, Keren lo buscó para que ayudara en la crianza de su hija y pudieran solventar los gastos que, hasta ese momento, asumían ella y su familia. Ambos vivían en Veracruz, y fue ahí, en un domicilio cercano al de ella, a las afueras de Xalapa, donde la pareja de Keren la citó para darle dinero.Desde el momento en el que ella y su bebé fueron detenidas comenzaron la tortura y las amenazas. Ahora se sabe que en ese operativo participaron policías federales y ministeriales de Tlaxcala, y que la pequeña fue sostenida por uno de los elementos federales, quien se colocó en la parte delantera de un coche, mientras Keren era custodiada por otros hombres en la parte de atrás del mismo vehículo. Según el relato de la abogada Melissa Zamora, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez —que tomó el caso en 2022— a la joven la comenzaron a golpear en la cabeza y el estómago, y cuando ella les dijo que estaba todavía convaleciente por su parto, le practicaron una “asfixia seca”, mientras le preguntaban por el secuestro de una mujer y la amenazaban con hacerle daño a su hija. “Keren les dice que todavía no registra a la niña, y eso lo usan los elementos para amenazarla de poder desaparecerla o privarla de la vida”, explica Zamora, en un foro sobre tortura y violencia de género en 2023.Keren Ordoñez, en una imagen sin datar.omct.org Keren, su pequeña hija, su expareja y el otro inculpado detenidos en ese mismo lugar, fueron llevados, primero, a la dirección de investigación de Xalapa, en Veracruz, donde continuaron la tortura y las amenazas. “Pasaron 11 horas desde el momento de la detención hasta que son dispuestas a las autoridades de Huamantla, en Tlaxcala. Ahí es donde días antes se había presentado una denuncia por el secuestro de una mujer”, cuenta Zamora. Es también ese momento en el que Keren sabe finalmente la razón de su detención y donde la obligan a firmar una declaración en la que acepta su culpabilidad.Detención arbitraria, tortura y una retención prolongada son solo algunas de las primeras violaciones a los derechos humanos que sufrió Keren a partir de su detención. Además de que días después fue exhibida ante medios de comunicación y presentada junto con los otros acusados como miembros de una banda de secuestradores. Neftalí Pérez, uno de los abogados del Centro Pro que acompañan el caso, asegura que de haber juzgado con perspectiva de derechos humanos y de género, todas las pruebas incriminatorias, incluida la declaración de la víctima del secuestro que no iba firmada ni contaba con las huellas dactilares de la mujer, hubiesen sido descartadas por la forma en la que fueron recabadas.Cuatro años más tarde, en 2019, mientras una pena de 50 años de cárcel era dictada en contra de Keren Ordóñez, y sin tomar en cuenta todas las irregularidades de su caso, su expareja fue liberada al cumplir los cinco años de pena máxima que un menor puede afrontar por ley tras haber cometido un delito. El 11 de diciembre de 2015, en el momento de la detención, el hombre todavía tenía 17 años. La víctima del secuestro, según ha contado el abogado Neftalí Pérez, se negó, tras ser liberada en aquella noche de 2015, a volver a declarar o ratificar o negar su declaración.Una bebé en calidad de detenidaDurante las 11 horas que el equipo legal de Keren ha documentado y comprobado que fue retenida antes de llegar ante las autoridades de Tlaxcala, la condición de su bebé no fue reportada ni a su familia ni a ninguna autoridad. Hasta que un juez solicitó la intervención del Sistema Estatal DIF de ese estado y la niña quedó bajo la responsabilidad de esa institución.Hasta después de 14 días, la madre de Keren, Ciria Hernández, sin haber sido notificada y después de una búsqueda incansable para encontrar a su nieta, dio con su paradero y encontró a la pequeña con heridas que eran probablemente de sarna y con una desnutrición grave, pues en el momento de la detención, Karen todavía la amamantaba.Para el abogado Neftalí Pérez, el caso de Keren es emblemático porque es el ejemplo de lo que sucede con otras muchas mujeres en México, que han sido encarceladas o sentenciadas después de obtener pruebas a través de la tortura y sin tomar en cuenta su condición de género, que en la mayoría de los casos las deja en situaciones de vulnerabilidad extrema. “Nosotros sabemos que hay muchas Kerens en todo el país. Este caso es emblemático por el cúmulo de violaciones a sus derechos humanos y también por el actuar de las instituciones que siguieron, no solo la policía y el Ministerio Público. En este caso, el Poder Judicial local tiene gran responsabilidad en que una mujer pasara tantos años en prisión”, cierra.

Detenida, torturada y condenada por un delito que no cometió: Keren Ordóñez recupera la libertad tras casi una década en la cárcel
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