Luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera no renovar el cese al fuego bilateral con las disidencias conocidas como Estado Mayor de los Bloques, lideradas por alias Calarcá, expertos en seguridad advierten un recrudecimiento del conflicto en zonas donde hace presencia este grupo: Norte de Santander, Huila, Bolívar, Caquetá, Meta y zonas de Guaviare.De hecho, en las últimas horas, el Ejército anunció el desarrollo de una operación militar, en la vereda San Pablo del municipio de Suaza, Huila, contra la estructura ‘Rodrigo Cadete’ de este grupo armado, dejando como resultado la muerte de un presunto integrante de esta facción, la captura de otros cuatro y la incautación de armas largas, material de guerra e intendencia. Las disidencias de ‘Calarcá’ se habían separado de ‘Iván Mordisco’ para continuar en los diálogos de paz y mantenían un acuerdo temporal de no agresión con el Gobierno, el cual finalizó el 15 de abril. Aunque ambas delegaciones ya habían pactado una prórroga, el gobierno optó por no continuar con la medida, lo que implica la reactivación de las órdenes de captura de integrantes del grupo disidente, lo que significa que vuelven a estar sujetos a acciones judiciales, lo que marca un giro en el proceso de paz con esta facción específica, aunque se suspendieron las operaciones militares y ofensivas de la fuerza pública contra esta estructura.La unidad esta conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto:CortesíaUn análisisPrecisamente, en el marco de esta medida, expertos consultados por EL TIEMPO advierten que Catatumbo podría ser una de las zonas donde el conflicto se pueda recrudecer. El general (r) Guillermo León León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), expresó su preocupación por la decisión del gobierno de no extender el cese al fuego con las disidencias de las Farc en Calarcá, anticipando un aumento en la confrontación armada, particularmente en regiones como el Catatumbo.Señaló que, aunque durante el cese bilateral se redujeron los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados, la población civil continuó siendo víctima de control social, extorsión y amenazas por parte de este grupo, que aprovechó la pausa en operaciones militares para fortalecer su dominio territorial y económico.Soldados preparan un pieza de artillería. Foto:Cortesía“El cese al fuego fue un espejismo, ya que si bien bajaron las cifras de combates, la presión sobre las comunidades se mantuvo e incluso se agravó. El fin del cese podría intensificar la violencia, ya que las disidencias buscarán recuperar territorios y laboratorios de droga, aumentando los choques tanto con el Estado como con otros actores armados como el Eln”, dijo el oficial en retiro.La misma percepción tiene Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) al señalar que el levantamiento del cese al fuego tiene como primer efecto un impacto directo en la seguridad, ya que permite a la fuerza pública, realizar operaciones judiciales y militares contra grupos armados en zonas donde antes era casi imposible actuar. “Con la medida, se facilita el accionar de la fuerza pública frente a estos grupos ilegales”.“Esta decisión también podría generar un aumento en la violencia entre los grupos armados, especialmente en zonas como el Catatumbo, donde el levantamiento del cese al fuego elimina restricciones que antes frenaban enfrentamientos directos”, dijo el experto.Grupos armados. Foto:CortesíaDesde una perspectiva política, Restrepo indicó que esta decisión evidencia las limitaciones de la estrategia de ‘la paz total’. “La finalización de este último cese vigente implica el colapso de las dos premisas clave de esa política: negociar con cese al fuego antes de pactar acuerdos, y hacerlo con unos actores sin incluir a todos”.Otro de los expertos, Andrés Aponte, analista de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, manifestó que esta decisión del gobierno se percibe “una postura más dura, con una clara intención de mostrar autoridad en las mesas de negociación”.“Esta firmeza también se refleja en las operaciones militares, como las dirigidas contra ‘Iván Mordisco’, que envían el mensaje de que si no hay avances en el diálogo, la respuesta será más coercitiva”, indicó el experto, quien añadió que este cambio implica que el Estado “ya no actúa solo como mediador, sino también como un actor directo en el conflicto territorial”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: