El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra Carles Ramió (Girona, 1963) ha escrito 33 libros, todos académicos salvo dos ensayos más distendidos y un poco irreverentes sobre la situación del sistema universitario español que le han dado a conocer. Se sorprende porque él es realmente un experto en administración pública, no en universidades, pero arrastra una larga experiencia en gestión como vicerrector y decano de la UPF y director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Mimbres suficientes para tejer dos libros: La universidad, en la encrucijada (Pompeu Fabra, 2022) y ahora La privatización de la universidad (Catarata, 2025), cuya publicación ha coincidido con la modificación del decreto del exministro Castells con el propósito de terminar con las universidades chiringuito. El catedrático participó en una mesa redonda previa al anuncio de las nuevas medidas por parte del presidente Pedro Sánchez en la UNED.Ramió considera que la red pública es “la joya del sistema” y va camino de caer por la asfixia económica y el avance de las privadas. “El sistema público tiene que tener un proyecto de futuro, que no está claro que lo tenga, con más financiación basal para todas las universidades y, a partir de aquí, una financiación más competitiva dentro del marco público”.Pregunta. ¿Qué balance hace de la modificación del decreto de Castells?Respuesta. Es positivo, pero tiene algunos elementos que pueden chocar con el modelo de descentralización; con lo cual aquí se ha movido [el Gobierno] en el filo político. En el fondo es una competencia autonómica y hay una cierta intromisión del Estado, como con las universidades online [van a tener que ser aprobadas por las Cortes Generales]. El problema en el decreto de Castells es que los requisitos no estaban mal, pero no eran de entrada. Daba a las nuevas universidades un tiempo de demora [cinco años]con lo cual hay comunidades autónomas que las han autorizado y luego ya veremos si cumplen o no los requisitos de calidad. Una vez están lanzados los chiringuitos, es muy difícil echarte atrás. Castells fue demasiado ingenuo.P. La evaluación de los proyectos de universidad quedan en manos de las agencias de evaluación regionales. ¿Son un órgano fiable o al servicio del gobierno autonómico?R. Las anequitas [equivalentes autonómicas a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA] dependen del gobierno autonómico, pero tienen que hacer un informe técnico donde realmente cotejen el proyecto con las exigencias del real decreto, con lo cual quedan bastante con las manos atadas. Sería una figura delictiva dentro de la administración pública [si no lo hacen]. Con lo cual creo que está bastante atado y se respetan en cierta manera también las competencias autonómicas.Más informaciónP. ¿Podemos confiar en la salud del sistema universitario después del decreto?R. No. Hemos llegado a una situación demencial, lo que me preocupa es qué hacemos con todas estas universidades que se han aprobado y que son chiringuitos. Habría que tomar algún tipo de medida, porque el mal ya está hecho. No tiene que dar miedo si se cierran. A los cinco años de abrirse, la comunidad autónoma que la ha probado no va a censurarla porque no cumpla los requisitos, y le va a dar más demora. Incluso si hay cambio de partido en el poder, tampoco se va a atrever por la grave lesión social. Porque, aunque los alumnos mantengan sus derechos de convocatorias y sus títulos, a nivel profesional y social estarían totalmente desprotegidos. Habría que plantear un sistema para que fueran acreditados por las públicas haciendo unos créditos complementarios, para que tuvieran un título que realmente les diera proyección. Pero eso no está previsto.P. En su libro afirma que las universidades públicas deberían tener su propio interlocutor con el ministerio, no compartido con las privadas.R. La CRUE [conferencia de rectores] es un auténtico disparate. Es decir, no puede existir un lobby de las universidades que influya en el Gobierno y en la regulación en el que actúen conjuntamente las públicas y privadas. Eso carece totalmente de sentido, porque las reglas de juego y los intereses son radicalmente distintos. Me quejo de la inhibición y falta de fortaleza y valentía de los rectores de la pública. Tendrían que abandonar todos la CRUE y crear una nueva solo de públicas. Tiene plenamente su sentido que exista un interlocutor suyo hacia el Gobierno. Obvio que las privadas pueden hacer exactamente lo mismo.Carles Ramió, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, en la Escuela de Administración Pública de Barcelona. [
Albert GarciaLa CRUE no sirve para nada. Quizá lo más interesante es cuando se reúnen los gerentes de universidades, que no suelen ir los de las privadas, y los de la pública hablan abiertamente de sus problemas. Cuando está una privada callan, porque si muestran sus debilidades, toman nota.P. Todas las universidades tendrían que tener las mismas misiones. ¿Por qué son tan distintas?R. Las públicas todas tienen su calidad y en su relación con el gobierno hay cierta cooperación institucional, mientras que en el caso de las privadas es todo regulación de su calidad. No tiene ningún sentido que las agencias hagan, por ejemplo, acreditaciones de las titulaciones de las públicas porque ya son responsables y mayores de edad para lanzar títulos con unos mínimos de calidad, con lo que les impone una burocracia sin sentido. En cambio, a las privadas hay que vigilarlas porque cuando existen incentivos económicos, con niveles de beneficios del 40%, es muy goloso y totalmente natural que busquen maximizar los beneficios. Son muy ágiles a la hora de plantear títulos que son muy atractivos en el mercado, pero claro, resulta que los analizas ―yo he estado en alguna de estas comisiones― y el contenido nada tiene que ver y el profesorado no está preparado. Los títulos tienen que tener profesores capacitados, si no es un fraude, recibes un 1% del contenido de la titulación.A las privadas no les da nada de pereza hacer mucha burocracia. Si quieren una titulación, mandan un alud de solicitudes ―yo esto lo he visto en la agencia catalana de acreditación [AQU]― y termina convirtiéndose en un problema político-institucional. El truco consiste en que demandan 10, para que les apruebes uno, aunque no tenga calidad suficiente porque cómo vas a suspenderles todas. Además, como sistema es perverso, los evaluadores les va dando pistas de mejora y al final le hacen el informe.P. El PP ha criticado mucho que varios ministros y el presidente hayan estudiado en la privada, pero no han desmenuzado la modificación del decreto. Sorprende.R. Su discurso es estrictamente de sal gruesa y de carácter ideológico y no sobre materia porque no pueden entrar. Si criticas lo público no va a ser bien recibido y tampoco que apoyes a los chiringuitos.