Con el pecado, sin el género y con la penitencia

Hace diez años visité al cardenal emérito José de Jesús Pimiento (1919-2019), en el Foyer de Charité en Piedecuesta, Santander, donde vivía. Quise conocer su opinión sobre el proyecto de ley que presenté ante el Congreso en 2014 para regular el uso medicinal del cannabis y que hoy es la Ley 1787 de 2016.Me dijo: “Mándame el proyecto a mi correo electrónico para leerlo”. Así lo hice. Pasaron meses y llegó el día de la votación definitiva en cuarto y último debate en la plenaria del Senado.Llamé al cardenal el día anterior y le pregunté su postura. Me dijo que al día siguiente se pronunciaría públicamente en La W. Marcela Puentes le preguntó sobre el proyecto y el cardenal contestó: “La marihuana es una criatura de Dios, es una criatura buena, la ha hecho mala el hombre empleándola mal”.La respuesta del cardenal Pimiento toca el corazón de lo que debería ser el eje de una política de drogas concentrada en atacar el abuso o mal uso que los seres humanos hemos hecho de sustancias creadas por la naturaleza. La hoja de coca, por ejemplo, casi siempre confundida con el clorhidrato de cocaína que resulta de una mezcla con gasolina, cemento, permanganato de potasio, éter y acetona (estos dos últimos importados), tiene comprobadas propiedades ancestrales, medicinales, nutricionales e industriales.Mahatma Gandhi, después de estudiar derecho en Londres (Reino Unido), advirtió sobre el peligro en Occidente de creer que la plena realización humana está en el consumo de lo material. Esa visión, dijo, crea seres humanos insatisfechos e incompletos que tarde o temprano buscarán paraísos artificiales a través del consumo y abuso de las SPA (sustancias psicoactivas adictivas) para evadir su realidad.Nixon y las drogasLa guerra contra las drogas, declarada en 1971 por el presidente estadounidense Richard Nixon, orientada a la persecución de la producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas consideradas ilegales, desconoció el problema difícil y de fondo señalado por Gandhi y por el cardenal Pimiento. Una política fracasada que ha dejado para Colombia un balance que se puede resumir en tener “el pecado, sin el género y la penitencia”.El pecado porque ante el mundo cargamos con el estigma de ser un país narco, sin el género porque la plata de este negocio criminal se queda fuera de Colombia y con la penitencia porque ha sido la principal fuente de financiación de la violencia y la corrupción que padecemos.En el mundo, la guerra contra las drogas produjo un aumento en el gasto gubernamental destinado a la lucha contra el narcotráfico, sin lograr una reducción significativa en el consumo de SPA. En Colombia, la política prohibicionista tuvo efectos devastadores para el medioambiente, la vida de incontables víctimas; promovió la corrupción que financia campañas políticas y el lavado de activos en sofisticadas redes financieras.Los ganadores de esta guerra han sido las organizaciones criminales que se lucran del comercio ilegal de sustancias psicoactivas adictivas. Además, la industria penitenciaria en Estados Unidos ha visto un aumento de su población debido a las políticas de encarcelamiento masivo por drogas. Una de cada cuatro personas privadas de la libertad (PPL) lo está por delitos no violentos relacionados con sustancias ilegales.A pesar de que blancos, negros e hispanos usan SPA ilícitas, un desproporcionado número de los capturados, sentenciados y encarcelados no son blancos. La política de drogas en Estados Unidos ha criado una generación de mujeres y hombres sin oportunidades, cuya educación principal para la vida ha sido la violencia de las cárceles. Los padres de familia le tenemos terror a que uno de nuestros hijos consuma drogas. Ese pánico mantiene el statu quo político.Sin regulación, no se puede discriminar entre el acceso que tienen los niños y los adultos. Tampoco se pueden establecer estándares mínimos de calidad, precio e impuestos.Hay que decir que los términos equivocados usados en el debate refuerzan esa percepción. Cuando escuchamos la palabra “legalización”, automáticamente nos imaginamos “liberalización” para que “quien quiera compre, venda y consuma”.No es lo mismo hablar de cannabis de uso adulto que decir marihuana recreacional. The Economist se ha declarado a favor de la legalización, pero reconoce que el miedo no es irracional. Esta estimulará un aumento del uso de sustancias y un crecimiento en el número de personas dependientes.Algunos afirman que las leyes vigentes no tienen impacto porque los consumidores gozan de amplia disponibilidad de SPA ilegales. Premisa falsa porque las drogas ilícitas son caras. Su alto precio contiene los peligros en su producción y comercialización. Es mucho más arriesgado obtener una dosis de cocaína que comprar una botella de aguardiente.Si se eliminan las restricciones, se hacen más baratas y accesibles las sustancias psicoactivas adictivas, más gente las probará y más personas serán dependientes. De ahí la importancia de la salud pública y de la reglamentación en el país de la Ley 1566 de 2012, para que el sistema de salud ofrezca tratamiento a pacientes víctimas de adicción.Argumenta The Economist que, precisamente por ser ilegal, el mercado mundial de las drogas no puede ser regulado. Sin regulación no se puede discriminar entre el acceso que tienen los niños y los adultos. Tampoco se pueden establecer estándares mínimos de calidad, precio e impuestos.Fentanilo y otras sustanciasHoy las SPA ilícitas son “rendidas” con sustancias mucho más letales para los consumidores como el fentanilo. Sin regulación no se puede responsabilizar a los distribuidores por vender a menores de edad, por ejemplo.Con el alcohol y el tabaco esas restricciones y controles son posibles, con las SPA ilícitas no. Esto aumenta los peligros para menores, más aún cuando la ilegalidad premia la comercialización de sustancias con mayor concentración. Durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en la década de 1920, el consumo de cerveza cayó, mientras que el de licores fuertes aumentó. Un siglo de ilegalidad ha privado a los gobiernos de la investigación que una nueva política necesitaría para acertar. La investigación académica en la materia es prácticamente insuficiente para responder preguntas que hoy no tienen respuesta.¿Cómo responderá la demanda a precios bajos? No hay evidencia científica sobre los efectos físicos que tienen la mayoría de las sustancias psicoactivas adictivas.Si las SPA fueran legales, ¿cómo serían distribuidas? Pensar que la heroína podría estar disponible en cualquier farmacia de supermercado produce terror con justa razón. Las hoy ilegales sustancias psicoactivas adictivas tendrían que distribuirse de acuerdo con un conocimiento científico de su grado de toxicidad y potencial daño.Proponer la negociación de una nueva convención de drogas en Naciones Unidas que actualice las de 1961, 1971 y 1988 es necesario. Una nueva convención debería incluir enfoques de salud pública, derechos humanos y reducción del daño, promover la cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas, la investigación académica y científica sobre las SPA ilegales. Además, debería contener disposiciones para la regulación del consumo de drogas y la implementación de programas de tratamiento y rehabilitación para los adictos.