El Congreso tramita un proyecto de ley, impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que reforma el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y amplía las gabelas para que la reclusión sea la última opción en el caso de menores que cometan delitos. A la par, crece el debate por la sanción que recibirá el niño sicario que atacó a bala al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un mitin político, el pasado 7 de junio.Con la normativa actual, que se rige por la Ley 1098 de 2006, el adolescente —registrado en cientos de videos de asistentes y cámaras de seguridad como quien accionó el gatillo de la Glock 9 milímetros— podría recibir una sanción máxima de ocho años de internamiento preventivo.Las autoridades siguen la pista del celular del niño sicario. Foto:Archivo particularNo irá a la cárcel. Iría a un Centro de Atención Especializada. Sin embargo, por su nivel de riesgo y al ser su testimonio la prueba reina de la investigación, la Fiscalía pidió que sea internado en el búnker. El niño de 15 años fue imputado de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio y no aceptó cargos. Por los mismos delitos, un adulto pagaría hasta 40 años de cárcel, dependiendo el agravante. Esta disparidad en la pena, que tiene un propósito noble enfocado en la resocialización del menor, según expertos, en Colombia es usada para la instrumentalización de niños y niñas en el crimen.“Los criminales que los contratan les prometen dinero, poder o estatus. Les dicen: ‘si te capturan, no pasa nada grave. Te encierran cinco años y sales’. Esa expectativa reduce la percepción del castigo y facilita su reclutamiento”, le dijo a este diario el exdirector de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alejandro Peláez. El menor de edad que disparó al precandidato Miguel Uribe y la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:Redes socialesCon los antecedentes del séquito de sicarios de Pablo Escobar en los 80, cuando niños entre 13 y 16 años se graduaban de matones a sueldo, el atentado contra Uribe Turbay revivió el debate sobre si las sanciones por delitos graves, como el homicidio o la violencia sexual, deberían tener un mayor peso punitivo en esta población.Según el boletín estadístico del ICBF, el año pasado al menos 168 de los 5.904 menores de edad que ingresaron al sistema penal juvenil fueron responsabilizados por asesinato. Por porte ilegal de armas, la cifra fue de 441. La sanción más común en este tipo de casos es el internamiento preventivo, que se va moderando conforme al buen comportamiento del joven. Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Infancia de la Cámara de Representantes, Érika Sánchez, no existe una estadística que muestre la eficiencia del Sistema, que tiene un enfoque pedagógico y restaurativo. De hecho, aseguró que la reincidencia ronda el 20 %.Los cambios en las sanciones para los menores que delinquen que propone el Gobierno. Foto:Archivo“El sistema actual está más preocupado por reintegrar al agresor que por garantizar justicia y reparación a las víctimas. Esto exige un debate profundo sobre proporcionalidad en las penas y responsabilidad real frente al delito”, dijo la congresista.El nuevo proyecto”En virtud del principio pro infans, los servidores judiciales deben darle prevalencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a otras garantías de los intervinientes”, se lee en el articulado del proyecto de Ley 416 de 2025, que alivianaría aún más las sanciones que reciben.La justicia restaurativa es el concepto que busca fortalecerse con el nuevo proyecto, introduciendo el principio de oportunidad como “norma rectora del sistema para todos los delitos”, incluidos los agravados, según el artículo 16.También contempla alicientes por reparar a la víctima y la “desjudicialización” o exclusión procesal por aspectos como la discapacidad mental o intelectual a mediano o largo plazo del joven.Incluye el concepto de justicia terapéutica, enfocada en rehabilitar al menor del consumo de sustancias ilícitas, que, según la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien presentó el proyecto, es el principal problema detrás del delito en esta población.Para el exfiscal general Francisco Barbosa, sin embargo, “con este tipo de iniciativas lo que ocurre es que desaparece la noción de justicia en Colombia”.Radiografía del Sistema Penal para Adolescentes en Colombia Foto:ICBF y Ministerio de Justicia“Lo que se necesita es una reforma que garantice que los menores también respondan por sus actos. A los menores los exoneran de sanciones penales sin tener en cuenta que hoy existen estudios que demuestran que los de 14 y 15 años ya tienen capacidad para razonar sobre lo que están haciendo. Disminuir su responsabilidad penal es dejarle a las organizaciones criminales un mercado de sicarios a su disposición”, aseguró el jurista.Puso en comparativa los modelos penales juveniles de países como Estados Unidos, donde un menor de edad puede recibir hasta cadena perpetua, lo que, según dijo, genera “un correctivo ejemplarizante a nivel social”.Quienes defienden el enfoque menos represivo argumentan que la mayoría de los adolescentes que ingresan al sistema tienen anotaciones previas por abandono o violencia intrafamiliar, lo que, de cierta manera, los condiciona. “Hay que ver el perfil de los adolescentes que delinquen: la mayoría son hijos abandonados, viven en condiciones de vulnerabilidad y son víctimas de todo tipo de violencia. Debemos enfocar el sistema en reparar a la víctima y, más que penalizar, en aconductar al adolescente”, aseguró la exministra Buitrago.“Miguel necesita un milagro”: esposa de Miguel Uribe Foto:En este sentido, insiste en que el primer núcleo de responsabilidad es la familia, y el segundo, el Estado. “Sobre esos elementos, si logramos que el menor de edad se dé cuenta de que su comportamiento es inadecuado y que, mediante actos de reparación, logre resarcir a la víctima, conseguimos el objetivo resocializador del Sistema”, agregó.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia