David Emilio Mosquera Valencia, exgobernador del Chocó, fue sentenciado a 7 años de prisión por ordenar pagos irregulares de más de $2.200 millones a 50 supuestos exfuncionarios del Fondo Educativo Regional del Chocó. LEA TAMBIÉN La Corte Suprema de Justicia, en su Sala Especial de Primera Instancia, le impuso además una multa equivalente a 4.444,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó por el mismo periodo para ejercer derechos y funciones públicas.La condena incluye inhabilidad perpetua para asumir cargos o contratar con el Estado, y la Corte negó cualquier beneficio de suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria.Ordenó pagos para los que no estaba autorizadoSegún el fallo, Mosquera Valencia emitió de manera irregular las Resoluciones Nos. 0715 y 2003, fechadas el 1 de agosto y el 4 de diciembre de 2002, respectivamente. En esas decisiones, reconoció y ordenó el pago de prestaciones sociales —cesantías definitivas y sanción moratoria— a favor de 50 personas identificadas como exfuncionarios del extinto Fondo Educativo Regional del Chocó.El tribunal presentó pruebas documentales que demostraron la falsedad de datos. Foto:Martín García. ELTIEMPOEsas resoluciones sirvieron como título ejecutivo para que, entre 2008 y 2009, la abogada Jhonny Emilia Moreno Mena cobrara más de $2.208 millones ante un juzgado laboral de Quibdó.La Corte confirmó que Mosquera carecía de competencia para autorizar esos desembolsos, pues el Decreto 1222 de 1986 lo facultaba únicamente para atender asuntos “urgentes”. También determinó que no se cumplió con los trámites básicos: varias resoluciones carecieron de reclamación administrativa previa, requisito indispensable; no se notificó a los beneficiarios, vulnerando el principio de publicidad; y no hubo certificado de disponibilidad presupuestal, indispensable para comprometer recursos públicos.Lo habían denunciado en 2008El proceso judicial se originó por una denuncia interpuesta en 2008 por el entonces gobernador titular del Chocó, Patrocinio Sánchez, tras detectar posibles irregularidades en pagos ordenados seis años antes. Desde entonces, el caso fue investigado por la Fiscalía General de la Nación y terminó en una condena proferida por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2025. LEA TAMBIÉN Aunque la Corte no precisó desde cuándo estuvo vinculado formalmente al proceso, Mosquera Valencia ya enfrentaba investigaciones desde hace varios años por su actuación como gobernador encargado en 2002. Para ese entonces, también se desempeñaba como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó.La Corte también recabó testimonio de exfuncionarios del Fondo Educativo Regional. Foto:JusticiaDurante el juicio, el alto tribunal presentó pruebas documentales y periciales que demostraron la falsedad de algunos datos consignados en las resoluciones. En varios casos se registraron errores en nombres y cédulas de presuntos beneficiarios, incluidos personas que nunca tuvieron relación laboral con la Gobernación. La Corte también recabó testimonio de exfuncionarios del Fondo Educativo Regional y de empleados de la tesorería, quienes corroboraron que no existían registros de esos pagos en la contabilidad oficial.En algunas resoluciones, según la corte, se incluyeron datos erróneos sobre presuntos beneficiarios, e incluso se identificó a una persona que nunca sostuvo relación laboral ni contractual con la Gobernación. También quedó en evidencia que no existían reclamaciones previas en varios casos, ni constancia de notificación, y que los pagos se ordenaron sin el respaldo de disponibilidad presupuestal. Para el tribunal, esas fallas evidencian que el procedimiento estuvo viciado desde el origen. LEA TAMBIÉN El fallo subraya que la actuación dolosa de Mosquera Valencia ocasionó un detrimento patrimonial de la Gobernación del Chocó por un monto que supera los $2.500 millones, según cálculos del tribunal. Esta cifra coincide con reportes de medios regionales, que estimaron el perjuicio en ese orden de magnitud, aunque el valor exacto reconocido judicialmente asciende a $2.208.660.875,4.Él ordenó el pago de prestaciones sociales a favor de 50 personas exfuncionarias. Foto:CompensarHasta ahora, el exgobernador no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión. Sin embargo, su defensa tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que será la encargada de revisar tanto los aspectos formales como sustanciales del fallo en primera instancia.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría continúan investigaciones relacionadas con otros procesos de corrupción en el departamento del Chocó, donde en los últimos años se han detectado irregularidades en contratos de educación, salud e infraestructura. El departamento del Chocó es uno de los más golpeados por la pobreza en el país, ha enfrentado en la última década un incremento en las investigaciones por corrupción.TAMBIÉN PUEDE VER:#JuicioaÁlvaroUribe, día 64 Foto:EL TIEMPODANNA VALERIA FIGUEROA RUEDAESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO