Era un día cualquiera en una escuela del Cauca. Adolescentes se preparaban con entusiasmo para una feria escolar, cuando el estallido de una balacera interrumpió la rutina. “Dejamos las cosas tiradas… todo el trabajo se dañó y tuvimos que dejar de ir a clase por varios días hasta que el tema se arreglara un poco”, relata una joven de 16 años, en un testimonio que retrata con crudeza cómo el conflicto armado sigue robándole a la niñez colombiana el derecho a aprender en paz.La violencia, que parecía replegarse con el Acuerdo de Paz de 2016, ha recrudecido en regiones como la costa pacífica, el sur del país y el suroccidente. Y las escuelas —espacios que deberían ser santuarios de protección— se han convertido en blanco y botín de guerra.Soldados caminan por las calles del corregimiento. Foto:Cortesía Ejército.Según datos verificados por Naciones Unidas, en 2024 al menos 35 escuelas fueron desalojadas utilizadas con fines militares por disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y, en algunos casos, por las propias Fuerzas Armadas.Estas escuelas —cuyo número se duplicó en comparación con 2023, cuando se reportaron 18 casos— están siendo utilizadas como campamentos, almacenes de municiones, puntos de vigilancia, baños, estaciones de carga para celulares e incluso como plataformas de aterrizaje. Sin embargo, el derecho internacional humanitario es claro al establecer que las escuelas deben permanecer libres de todo uso militar. Cuando son ocupadas, se convierten automáticamente en objetivos de otros grupos armados, lo que pone en grave riesgo a estudiantes y docentes.Asonada en El Plateado Foto:Redes socialesLo viven a diario miles de niños, niñas y adolescentes que se ven forzados a interrumpir su educación, abandonar sus comunidades o, en el peor de los casos, engrosar las filas de los grupos armados ilegales. Solo en 2024, la ONU verificó el reclutamiento de 450 menores, de los cuales 87 fueron utilizados directamente en funciones de combate.“Estamos en medio del conflicto y eso nos afecta mucho para estudiar, para hacer deporte… Dejé de ir a la escuela por más de un mes por las minas que hubo cerca”, cuenta otro joven de una zona golpeada. A eso se suman amenazas a docentes, minas antipersonales en caminos escolares y el temor constante de las familias a enviar a sus hijos al colegio.Uniformados en El Plateado. Foto:CortesíaPara Julien Hayois, especialista de protección de UNICEF, advierte que esta situación no solo interrumpe el aprendizaje, sino que aumenta la vulnerabilidad de los menores al reclutamiento forzado y a otras violaciones de derechos humanos.“Hay una tendencia a la expansión territorial de grupos armados y pasa por el control de poblaciones. Las escuelas están ubicadas estratégicamente en las zonas rurales y hacen parte de la comunidad. Los grupos armados las utilizan para organizar reuniones y citar a la comunidad. Es una forma de ejercer su control”, dice.Catalina Duarte, experta en educación de la misma agencia, recuerda que la escuela no solo es un espacio de aprendizaje, sino un entorno protector donde los niños socializan, se alimentan y se forman como ciudadanos.“Este tipo de situaciones pospone el aprendizaje y posibilidades de desarrollo y más expuestos a los riesgos del conflicto. la oferta económica de los grupos para que hagan ciertas tareas, y se empieza a incluirlos en el conflicto”, aseveró.Los menores se refugiaron en su salón de clases. Foto:SuministradaLa expansión territorial de los grupos armados ilegales —especialmente en regiones como Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Tolima y Huila— ha coincidido con un aumento sostenido de ataques y ocupaciones escolares, según datos del más reciente informe del secretario general de la ONU. También se ha registrado una preocupante alza en los casos de negación de acceso humanitario, que en 2024 sumaron 24 incidentes.La ONU ha hecho un llamado urgente al Gobierno colombiano para que implemente con recursos y enfoque territorial la Estrategia de Prevención del Reclutamiento, acelere la remoción de artefactos explosivos, garantice protección para docentes y personal humanitario, y despliegue acciones concretas para convertir en realidad la Declaración de Escuelas Seguras, firmada por Colombia en 2019 pero aún lejos de ser aplicada de forma efectiva en todo el país.Mientras tanto, adolescentes como la joven de 17 años que sueña con estudiar derecho siguen alzando su voz: “Si nos apoyaran más, con profesores que no tuvieran miedo de entrar, los niños no estarían encerrados o pegados a sus celulares. Hay mucho talento. Todo sería tan distinto si tuviéramos paz”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com