Cuatro escuadrones conformados por 80 hombres de la Brigada de Selva 19 Napo, en Ecuador, realizaban el pasado 9 de mayo un operativo en zona selvática enfocado en la destrucción de la millonaria maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal, antes de ser atacados por disidencias de las Farc.La inédita escena rememoró las acciones de la Fuerza Pública en zona minera de Cauca, pero con la diferencia que en esta ocasión los uniformados fueron emboscados por grupos armados: dejando once de ellos asesinados, lo que evidenció la expansión criminal de estas organizaciones en las fronteras e incluso en los mismos países vecinos.Medios ecuatorianos reportaron que el ataque ocurrido en el sector de Alto Punino, entre las provincias ecuatorianas de Napo y Orellana, fue atribuido por las autoridades ecuatorianas y colombianas a los ‘Comandos de Frontera’, estructura disidente de las extintas Farc que delinque principalmente en la región del Putumayo.Comandos de Frontera Foto:archivo particularFuentes militares señalan que la presencia de estos grupos en territorio ecuatoriano no es nueva y responde a un proceso de control territorial vinculado con el control de economías ilícitas. El objetivo de esta presencia va más allá del repliegue o refugio; se orienta al control de enclaves estratégicos, como zonas de producción minera y rutas de tráfico de droga.Las alianzas en EcuadorLa minería ilegal, principalmente del oro, que en algunas regiones se ha convertido en una actividad más lucrativa que el narcotráfico, ha sido adoptada por distintos grupos armados que buscan asegurar fuentes sostenibles de financiación. En la frontera colombo-ecuatoriana, los ‘Comandos de Frontera’ no son la única organización que delinque. También se han detectado movimientos de estructuras como la ‘Oliver Sinisterra’ e integrantes de la disidencia ‘Iván Ríos’, ambas adscritas a la ‘Segunda Marquetalia’.El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, explicó a EL TIEMPO que los ingresos mensuales de una sola Unidad Productora Minera, como las que existen a orillas del río Iscuandé (Nariño), pueden superar los 760 millones de pesos, sin contar que en toda la zona hay aproximadamente 60 unidades.Minería ilegal en Putumayo. Foto:Cortesía.Según cifras entregadas por inteligencia militar, una de estas unidades puede producir más de 500 gramos de oro por día. Al mes, esa producción alcanzaría los 18 kilogramos, generando una rentabilidad superior a los 7.600 millones de pesos.Informes de inteligencia revelan que estos grupos, que hacen presencia en la zona colombo-ecuatoriana, han establecido alianzas con organizaciones criminales ecuatorianas como ‘los Choneros’ y ‘los Lobos’.La cooperación entre estas organizaciones permite el acceso a territorios estratégicos, canales de distribución y redes logísticas para el transporte de droga“Estas relaciones no siempre son estables y en muchos casos funcionan mediante acuerdos. La cooperación entre estas organizaciones permite el acceso a territorios estratégicos, canales de distribución y redes logísticas para el transporte de droga”, dijo una fuente judicial.Eln en VenezuelaEl fenómeno no se limita a Ecuador. En Venezuela, el Eln, según fuentes de inteligencia, está enquistado desde hace varios años en el arco minero de Orinoco venezolano (estados Amazonas y Bolívar) parte del oro, coltán y los minerales raros para comprar armamentos.La realidad de las comunidades en medio de la minería ilegal. Foto:CortesíaDe hecho, los informantes aseguran que la tolerancia con esta guerrilla, por parte del régimen de Nicolás Maduro, estaría vinculada a la acumulación de oro para financiar la estadía de fichas de su gobierno que están en el exterior.Informes de inteligencia dan cuenta de que la guerrilla delinque bajo la complacencia de militares venezolanos y se estima que esta extrae entre 20 y 30 kilos semanales, los cuales son movilizados a Colombia a través de los corredores fluviales ubicados en Arauca, Vichada y Guainía.El ‘dueño’ del DariénDiversos informes publicados por EL TIEMPO revelan que el ‘clan del Golfo’ tiene el control del paso por el Darién hacia Panamá. La red criminal obtiene ganancias estimadas en más de 12.000 millones de pesos anuales, producto de la explotación del fenómeno migratorio, según manifestó el Ejército.“El ‘clan del Golfo’ controla todo. Ellos manejan la economía en esa zona del país, siempre obtienen un porcentaje de todo negocio que se genera tanto en Acandí, Chocó, como en Necoclí, Antioquia”, dijo la fuente, quien indicó que esto ocurre ante la falta de controles por parte de la Policía y demás organismos de seguridad en la zona.Esta organización tiene pequeños eslabones a lo largo del Darién que le rinden cuentas al ‘clan del Golfo’. Cada persona que se decide a hacer este tránsito debe pagar entre 300 y 700 dólares.Minería ilegal en el Oriente antioqueño Foto:Ejército Nacional¿Qué se debe hacer?Analistas consultados por este diario sostienen que la expansión de los grupos armados colombianos hacia países vecinos responde a una lógica de sostenimiento de las economías ilegales. Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explicó que esta estrategia criminal no busca una ocupación del territorio.“Lo que hay es una articulación entre actores criminales que delinquen con acuerdos transaccionales y que comparten intereses económicos, especialmente en narcotráfico y minería ilegal, e incluso utilizan los puertos ecuatorianos para la exportación de cocaína a diferentes zonas de Europa”, señaló.Para Elizabeth Dickinson, analista sénior para Colombia de International Crisis Group, la frontera amazónica presenta un ecosistema propicio para las operaciones criminales que facilitan la movilidad de personas y mercancías ilegales. “La criminalidad transnacional se ha adelantado a los Estados. Sus redes ya delinquen sin fronteras mientras los gobiernos apenas discuten cómo articular sus esfuerzos”, dijo.Minería ilegal en el Oriente antioqueño Foto:Ejército NacionalUna misma lectura tiene Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien señaló que la expansión de los grupos armados por las fronteras “es un fenómeno predecible” en contextos donde el control estatal es débil. “La solución debe pasar por una coordinación efectiva entre países, especialmente en la frontera sur de Colombia, donde confluyen territorios de Perú, Ecuador y Brasil”.Para los expertos, las consecuencias de esta expansión transnacional no solo se miden en términos de seguridad. También se traducen en impactos humanitarios, sociales y ambientales. La minería ilegal, por ejemplo, ha provocado la contaminación de ríos, el desplazamiento de comunidades indígenas y el aumento de enfermedades asociadas a la explotación informal de recursos naturales.El criminólogo Jorge Mantilla puso la lupa sobre la amenaza que representa la convergencia de economías ilícitas como la coca, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y la madera sobre la seguridad y el medioambiente, especialmente en la región amazónica.La guerra por el oro en la frontera con Ecuador Foto:Cortesía“Si se pone a mirar el caso de Panamá, así como el de Venezuela, también el de Brasil, Perú y, por supuesto, el caso de Ecuador, son fronteras donde el Estado colombiano ha hecho poca presencia de manera histórica. Esto supone para la región una amenaza clara y directa no solo a la seguridad, sino también al medio ambiente y la gobernanza, principalmente en la región de Amazonía”, dijo el criminólogo.Los analistas consultados coinciden en que el narcotráfico y las demás economías ilegales han intensificado la violencia, la corrupción local y la debilidad institucional en municipios fronterizos. Es por ello que organismos internacionales y centros de investigación han advertido sobre la necesidad de adoptar un enfoque regional e integral para enfrentar el fenómeno.Redacción Justicia.