Justicia y Paz, la primera ley de justicia transicional (Ley 975 de 2005) cumple 20 años de implementación. Esta norma selló el pacto entre el Estado colombiano y los paramilitares para propiciar su desarme. Sin embargo, según un informe de la Contraloría, tras dos décadas, los avances en materia de reparación siguen rezagados y aún persisten grandes deudas con las víctimas. Solo el 12% de los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas han sido entregados por antiguos miembros de las autodefensas —el resto ha sido incluido por vía judicial— y apenas el 1,2% del total ha sido comercializado y convertido en plata blanca para reparar el daño causado por los graves crímenes de este grupo armado ilegal. En números, de los 3.755 bienes registrados, solo 44 han sido monetizados.Respecto al tipo de inmueble entregado, se encontró que el 56,19% correspondió a inmuebles rurales, el 33,79% a inmuebles urbanos, el 3,52% a automotores, el 2,38% a dinero, el 1,53% a sociedades y el 2,59% restante a otro tipo de bienes.Esta ha sido una de las principales deficiencias. Con la comercialización de los bienes de este Fondo solo se ha logrado recaudar $24.114 millones de pesos, una cantidad irrisoria para las más de 256.000 víctimas relacionadas en las imputaciones. Por esta insuficiencia presupuestal, en los últimos 12 años solo se ha logrado reparar al 11% de las víctimas, con 1,9 billones de pesos, de los cuales el 95% han salido del Presupuesto General de la Nación. Esto va en contravía de lo estipulado por la Ley de Justicia y Paz, que establece que solo se puede echar mano de estos recursos cuando el Fondo de Reparación de Víctimas se quede corto y no como primera opción.”Sobre este punto llamo la atención porque en la difícil situación presupuestal que nos encontramos tenemos que mirar de qué forma se revierte esta situación”, dijo el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.Frente al manejo presupuestal, el Estado colombiano ha destinado 17,7 billones de pesos a este proceso, de los cuales el 86,52% ha sido ejecutado por la Unidad de Víctimas. Sin embargo, las entidades que reportan la información fiscal no cuentan con centros de costos detallados ni con el nivel de desagregación necesario, “lo que dificulta la vigilancia de los recursos destinados a este proceso transicional”, alertó la Contraloría.Actualmente, hay 5.079 personas acogidas a la ley, en su mayoría por desmovilización colectiva. En el proceso han participado 43 bloques de las AUC, que han sido parte de las decisiones y sentencias. Cerca del 64% de los postulados fueron excluidos del proceso por no ratificar su voluntad de acogerse al procedimiento de Justicia y Paz. Hoy, solo 1.500 postulados siguen activos, lo que representa el 30% de los que inicialmente ingresaron. Hasta ahora, se han reconocido poco más de 40.000 víctimas, lo que equivale al 15% del total registrado.La judicialización: avances y revesesDos datos positivos: la cantidad de hechos delictivos judicializados supera el 1’400.000, lo que refleja un avance en el procesamiento de estos crímenes. Los principales fueron el desplazamiento forzado (60,15%), homicidios (22,16%) y desaparición forzada (5,62%). La organización Casa Castaño participó con el 26,44%, seguida por Montes de María con el 20,62%, Metro con el 8,10%, Norte con el 7,26%, Cacique Nutibara con el 7,18%, Noroccidente Antioqueño con el 6,85%, Pacífico con el 5,34% y las restantes 36 organizaciones con el 18,22%.Además, el índice de congestión judicial ha mejorado significativamente, pasando del 89% en 2012 al 54% en 2023. Aún así, se han identificado problemáticas como la prolongada duración de los procesos judiciales, “lo que ha generado desconfianza y agotamiento en las expectativas de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación”.Pero Justicia y Paz no fue el punto final de la criminalidad de los ‘paras’. Entre 2016 y 2023 se registró un aumento del 86,33% en la cantidad de hechos delictivos judicializados, pasando de 138.818 a 258.653 casos, concentrados en 32 estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia y cuatro de la subversión.”Al analizar los resultados de Justicia y Paz, se identifican similitudes con los hallazgos de la auditoría de 2024 a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ambas presentan deficiencias en la gestión metodológica para procesar grandes volúmenes de casos judiciales”, aseguró el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.Como conclusión, la entidad señaló que “no se ha logrado una judicialización efectiva ni una reparación adecuada para las víctimas y existen incumplimientos en la eficiencia y eficacia por lo que se hace imperativo implementar medidas urgentes”.Redacción Justicia