Ante la agudización de la situación de violencia e inseguridad que enfrenta nuestro país, considero necesario hacer referencia a dos argumentos que, al haber sido compartidos durante mucho tiempo por buena parte de nuestras élites políticas e intelectuales, explican en gran medida nuestro atraso y muchos de nuestros problemas. LEA TAMBIÉN Aunque parezca increíble, muchos dirigentes políticos, académicos y analistas, de todas las tendencias políticas e ideológicas, liberales, conservadores o de izquierda, la mayoría de ellos sin tener plena consciencia, han manifestado su acuerdo con un argumento según el cual en una democracia es lícito optar por la vía armada para alcanzar el poder.Para dar un ejemplo, un demócrata de carta cabal, como Alfonso Gómez Méndez, recordó en su columna de EL TIEMPO (‘Control territorial y Estado de derecho’, 21 de enero de 2025) que los gobiernos de Colombia, casi sin excepción, incluyendo al actual, cuando ha existido un conflicto armado, han utilizado los mecanismos constitucionales de amnistía e indulto para llegar a “acuerdos” con las organizaciones armadas.Mesa de diálogos de paz con disidencias de las Farc. (Foto de archivo) Foto:Oficina del Alto Comisionado para la PazDefine el concepto de conflicto armado “como el alzamiento en armas para derrocar al gobierno por razones políticas”. Quizá el mensaje central de su columna sea argumentar que ese concepto de conflicto armado “desapareció hace algún tiempo cuando las guerrillas abandonaron la lucha política propiamente dicha y se involucraron en acciones más propias de la criminalidad común, como el secuestro, la minería ilegal, la extorsión y las acciones unidas al tráfico de drogas”.Y agrega que “ya no se sabe cuál es el proyecto político de la guerrilla como lo era en el comienzo implantar un régimen comunista o socialista, lo que en el mundo de hoy sería un disparate”. Por eso, cada vez es más difícil pensar en la “negociación política”. Y se pregunta, “¿no será hora de cambiar las recetas?, o ¿deducir responsabilidades políticas?”.Por supuesto que Gómez Méndez y otros analistas tienen razón cuando afirman que los grupos guerrilleros se involucraron en la criminalidad y, en particular, con el narcotráfico. Las Farc, en particular, lo han hecho desde comienzos de la década de los ochenta, cuando tenían unos 600 miembros, para terminar esa década con 15 mil por cuenta de su vinculación al narcotráfico. Hoy en día, las mismas disidencias de ese grupo y el Eln financian sus actividades con el narcotráfico y otras formas de criminalidad.Los grupos armados ilegales están detrás de la siembra de cultivos de uso ilícito como la coca. Foto:Raúl Arboleda. AFPPero, el problema de fondo de la afirmación de Gómez Méndez no es que los grupos guerrilleros tengan actividades criminales, sino argumentar que, cuando los grupos armados se declaran con fines políticos, cuando nos hacen saber cuál es su proyecto político, aún si es para implantar un régimen comunista, los gobiernos deben utilizar la negociación, la amnistía, el indulto y llegar a acuerdos con ellos. Cuando hay conflicto político armado se debe negociar; cuando hay conflicto criminal, no.En otras palabras, lo realmente sorprendente de esta argumentación es que se está legitimando la lucha armada, se está legitimando el derecho a la insurrección en una democracia como la que tenemos en nuestro país.Con ese argumento se revive el camino que marcó la Constitución de Rionegro, de 1863, cuando consagró el derecho a la insurrección de los Estados Federales, o se le está dando la razón al Che Guevara cuando en su libro Guerra de guerrillas argumentó que la violencia es justa, que matar es bueno, cuando el objetivo de la lucha política es la toma del poder en las democracias que llamó burguesas. No sobra recordar que, bajo el ejemplo de la Revolución cubana y en respuesta a esos llamados a la insurrección del Che Guevara, se crearon guerrillas en doce países, se condujo a la muerte a miles de jóvenes y se propiciaron golpes de Estado a lo largo y ancho de América Latina. LEA TAMBIÉN Más de medio siglo de conflictoBajo ese enfoque, en Colombia llevamos más de medio siglo con la presencia de grupos armados ilegales controlando amplios espacios del territorio y con un Estado que ha sido incapaz de tener un monopolio de la fuerza sobre todo el territorio, un monopolio que, de acuerdo con la clásica definición de Max Weber, es su razón de ser fundamental. Como consecuencia, durante mucho tiempo se permitió, por ejemplo, la legalidad del Partido Comunista, que declaraba públicamente “la combinación de todas las formas de lucha”, que incluía la lucha armada, para la toma del poder. Pero, además, era de conocimiento público que, en el comité central de este partido, que quería acabar con la democracia e implantar un Estado totalitario, se sentaba el líder de las Farc.Al igual que lo han reconocido ya muchos analistas, Gómez Méndez acepta en su columna que muchos procesos de negociación y amnistías con grupos alzados en armas han fracasado, pero afirma que el proceso con el M-19 fue exitoso y el proceso con las Farc fue parcialmente exitoso. Aun aceptando esta última afirmación, creo que esta explicación es incompleta porque tanto el M-19 como las Farc llegaron a la mesa de negociación solo después de haber sido estruendosamente derrotados militarmente.Firma del acuerdo de paz , en 2016, entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano. Foto:Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPOQuien firma es Rodrigo Londoño, otrora jefe máximo de las Farc.Además, gran parte de lo que se alcanzó con el acuerdo de La Habana se perdió porque el Estado no ejerció el control territorial de las áreas que abandonaron las Farc y se permitió la expansión exponencial de los cultivos de coca y las exportaciones de clorhidrato de cocaína a partir de 2014. Así, todos los logros de erradicación que se alcanzaron durante la primera década del siglo se perdieron y ya en 2018 había más hectáreas sembradas de coca que en el año 2000 y hoy en día pueden sumar unas 300 mil hectáreas. Sumado a lo anterior, al poco tiempo de firmado el acuerdo de paz, el jefe negociador de las Farc, ‘Iván Márquez’, deshonró lo firmado, volvió a la lucha armada y armó una disidencia que comenzó a emprender acciones violentas en varias partes del país. LEA TAMBIÉN Un segundo argumento que han compartido buena parte de las élites políticas e intelectuales de nuestro país, junto a la distinción que se ha hecho entre conflicto político y conflicto criminal, es la errónea noción según la cual la violencia política es la consecuencia de unas “condiciones objetivas” de pobreza y desigualdad, que fuerzan o entrampan a la gente a tomar las armas.Como demostramos en un reciente trabajo académico, existe una amplia literatura académica que muestra que las “oportunidades” para la acción violenta de los grupos armados ilegales, como el acceso a fuentes de financiación, la debilidad del Estado o la geografía, son mucho más importantes que los “motivos” que pueda tener una comunidad, como la pobreza, el aislamiento o la desigualdad. Factores ideológicos, como el ejemplo de la revolución cubana pueden dar origen a un estallido violento, pero sin oportunidades materiales, la acción guerrillera no es sostenible en el tiempo.Para el caso de Colombia, con Álvaro Pedraza demostramos que las condiciones geográficas, las selvas y bosques, las fronteras terrestres y el acceso a fuentes ilegales de financiación como el narcotráfico y la minería ilegal son factores que explican la intensidad y la persistencia en el tiempo de las acciones violentas de los grupos armados ilegales (Santiago Montenegro y Álvaro Pedraza, 2024, The Contribution of Geographical Factors to the Intensity and Duration of Civil War: New Evidence from Colombia. Documento de Trabajo No. 107, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de Los Andes).Atentado con explosivos en peaje de la frontera de Colombia con Venezuela, en Norte de Santander. Foto:Andrés Carvajal. EL TIEMPOAdemás de demostrar que el enfoque de las llamadas “condiciones objetivas” es equivocado, una conclusión general de estos estudios señala que no es la pobreza la que genera la violencia, sino por el contrario es la violencia la que genera la pobreza. Donde hay secuestros, extorsión, asesinatos y ataques a la Fuerza Pública, jamás puede haber inversión empresarial privada.Para que existan empresas privadas en el campo, grandes, medianas y pequeñas, que arriesguen capital con vocación de permanencia y generen empleo formal, se necesita seguridad, se necesita que haya Estado. Mientras no haya Estado, con el monopolio de la fuerza, no habrá inversión y seguirá la pobreza. LEA TAMBIÉN La experiencia ha demostrado, además, que en las regiones en las que el Estado no tiene el control territorial, los programas de asistencia pública, por muy bien intencionados, han sido un gran fracaso. Además, muchos de ellos no han tenido continuidad con los cambios de gobierno o han tenido problemas de diseño y en ocasiones han sido foco de corrupción.Por último, pero no menos importante, es crucial afirmar que, al no contar con el monopolio de la fuerza en todo el territorio, el Estado colombiano ha estado incumpliendo el mandato de la Constitución de 1991, el cual, desde su preámbulo, compromete al Estado a asegurar la vida, la convivencia, la libertad y la paz, entre otros valores, tesis que reafirma en su artículo segundo.Por su parte, el artículo 22 de la Constitución establece que la paz es un derecho y un deber que todos debemos cumplir y el artículo 22A, adicionado a la Constitución mediante el Acto Legislativo 05 de 2017, estableció lo siguiente: “Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”.Además, en el artículo 189.4 de la Constitución afirma la directriz al Presidente de la República para que, como comandante supremo de las fuerzas armadas, debe conservar el orden público en todo el territorio y restablecerlo cuando sea perturbado.El balance de la Paz TotalLa Paz Total ha sido una política que ha promovido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto:PresidenciaCon base en estos argumentos, no es ninguna sorpresa que la política de la llamada Paz Total de Gustavo Petro, basada en el amor, en los abrazos y no en los balazos, y en la noción de que el Estado no debe usar las armas contra su “pueblo”, ha sido un estruendoso fracaso.La dramática situación del Catatumbo, Chocó, Cauca y otras regiones del país evidencian que los grupos armados ilegales asumen estos mal llamados procesos de paz, la inmovilidad de las fuerzas armadas, los ceses al fuego o el levantamiento de las órdenes de detención de los jefes de esas organizaciones, como muestras de debilidad por parte del Estado y los aprovechan para expandirse y fortalecerse.Además de legitimar el status político de grupos que se dicen guerrilleros, como el Eln y las disidencias de las Farc, es incomprensible el haber dado ese status a otros grupos criminales, como el ‘clan del Golfo’. Pero, quizá uno de los hechos más incomprensibles es haber comenzado un proceso de negociación con las disidencias de ‘Iván Márquez’, contraviniendo el Artículo 22A de la Constitución, que, bajo la figura de la No Repetición, expresamente prohíbe dar un status político a quienes incumplieron la firma de un acuerdo de paz.Para reducir la pobreza y generar desarrollo económico y social en todo el territorio nacional, los creyentes y defensores de la democracia representativa liberal tenemos que lograr un gran acuerdo para fortalecer el Estado y sus Fuerzas Militares y de Policía, y también rechazar, de una vez por todas, el derecho a la violencia, el derecho a la insurrección armada, el derecho a matar, que pretenden ciertos grupos que se dicen políticos.SANTIAGO MONTENEGROPara EL TIEMPODoctor en economía de la Universidad de Oxford, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y expresidente de Asofondos.