El Gobierno húngaro ha prohibido desde este viernes colocar banderas arcoíris y otros símbolos de la comunidad LGTBIQ+ en los edificios públicos del país. La justificación: “proteger” a los menores de edad. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, asegura que este veto tiene como objetivo “garantizar la protección y el cuidado necesarios para el desarrollo físico, mental y moral adecuado de los niños” y frenar “la propaganda LGBT+” que “apunta a los menores”.El decreto prohíbe el uso de símbolos “que hagan referencia o promuevan diferentes orientaciones sexuales y de género, así como los movimientos políticos que las representan”. La oficina de la Presidencia del Gobierno ha afirmado que se trata de una medida simbólica, ya que no es una práctica habitual en el caso de edificios estatales usar esos símbolos, recoge el portal independiente Telex.hu.El alcalde de Budapest, el liberal y verde Gergely Karácsony, ha señalado este viernes en un comunicado que como cada año, desde su elección en 2019, también ahora “estará la bandera en el edificio del Ayuntamiento, ya que ahí tiene su lugar”.“El Gobierno húngaro está dando su enésimo paso para restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos húngaros con la intención de hacer imposible la marcha del Orgullo de Budapest”, ha denunciado Karácsony en la red social Facebook.El Gobierno de Orbán impulsó el pasado marzo una reforma legal que prohíbe celebrar manifestaciones que representen la homosexualidad o las minorías sexuales por considerar que podría significar una violación de los derechos de los niños, poniendo en peligro el desarrollo que él considera “adecuado”.La medida generó severas críticas dentro y fuera del país. A pesar de estas prohibiciones, las organizaciones LGTBIQ+ y de derechos humanos han anunciado que el 28 de junio se celebrará la marcha del Orgullo en Budapest. La semana pasada, más de 60 eurodiputados anunciaron su intención de participar en la marcha.Orbán adopta este decreto justo un día después de que la Abogada general de la UE, Tamara Cápeta, propusiera al Tribunal de Justicia de la UE que declarara contraria al derecho de la Unión la ley que aprobó en 2021 en el que se prohibía o restringía “el acceso a contenidos que representen o promuevan identidades de género que no corresponden al sexo asignado al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad (contenidos LGTBI)” . Lo hacía, en teoría, con el mismo argumento que ha empleado por ahora para vetar la bandera del arcoíris: proteger a los menores. Sin embargo, la Abogada Cápeta, durante el proceso judicial, ha concluido que “Hungría no ha aportado pruebas del riesgo potencial de daños en el desarrollo saludable de los menores causado por el contenido que describe las vidas ordinarias de las personas LGBTI. Por consiguiente, estas modificaciones se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y la vida no cisgénero no tienen el mismo valor ni estatus que la vida heterosexual y cisgénero”. Es decir, se vulnera la igualdad. En la gran mayoría de ocasiónes, los jueces acaban suscribiendo la opinión de los Abogados Generales. Consciente de esto, Orbán ha cargado este viernes contra este pronunciamento en la red social X. “Parece que es más importante para los bruselitas diseminar propaganda sexual que los derechos de los niños. Es una locura”, ha escrito. Precisamente, el contenido de la ley de 2021 es uno de los motivos por los que Hungría tiene retenidos en Bruselas parte de los fondos de cohesión. Para recibir este dinero, es necesario que los países se comprometan con el cumplimiento de la carta de derechos de la UE. Sin embargo, Budapest lo ha rechazado, lo que le lleva a incumplir las condiciones de partida de estas políticas. En consecuencia, la Comisión ha bloqueado parte de ese dinero.

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