En medio de la creciente crisis humanitario en el sur de Bolívar, Monseñor Ariel Lascarro Tapia, obispo de la Diócesis de Magangué, alzó la voz para denunciar la situación que viven 5.000 personas atrapadas por la violencia desatada por el Eln y el ‘clan del Golfo’.Durante más de diez días, comunidades rurales y urbanas han permanecido inmovilizadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército Nacional. “La gente no puede salir, no ha podido ingresar los alimentos, los combustibles, y la comida que hay se ha disminuido”, advirtió Lascarro, tras recibir reportes directos de los párrocos en la región.Serranía de San Lucas, Sur de Bolivar Foto:ArchivoEl obispo también lamentó el impacto sobre la vida religiosa y comunitaria, pues los sacerdotes se limitan solo a dar la eucaristía con los pocos feligreses que viven cerca a los templos santos.”En Montecristo y Santa Rosa los párrocos están encerrados y las eucaristías se han realizado con el mínimo de feligreses, con los que están cerca, porque no pueden salir los que están en las zonas rurales y viven con zozobra”, dijo.El sábado 2 de agosto, en zona rural de la vereda Pie de Sabana, en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, un pelotón de la Primera División fue atacado con drones cargados con explosivos mientras adelantaba operaciones ofensivas contra esta guerrilla.Por eso, desde la iglesia se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para tomar acciones.“Si queremos un país en paz, que se ponga al tanto de la situación. Que haga presencia en estos lugares y restablezca los diálogos de paz para que les den la libertad a las poblaciones que no tienen nada que ver. Si los grupos quieren la paz, entonces que den signos de paz. Compartir con las comunidades o salir a la calle significa libertad y eso no está pasando”, dijo el obispo. Desplazados en el sur de Bolívar Foto:Cortesía.Las palabras de Monseñor Lascarro se suman a las alertas lanzadas por la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias, que ya advierten del riesgo extremo para más de 5.000 personas confinadas en la región. La población completa casi dos semanas confinada, sin acceso completo a alimentos, combustibles ni transporte. Así mismo, cuatro civiles han sido secuestrados. El epicentro de la crisis se concentra en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista, en el departamento de Bolívar.La entidad exigió, por la magnitud de la emergencia, una respuesta inmediata y coordinada del Gobierno Nacional junto a las autoridades territoriales para garantizar, en un primer momento, “la atención humanitaria a las comunidades afectadas”.La Defensoría del Pueblo, como ha sido habitual en los polvorines del conflicto armado que han estallado en los últimos años, ya había advertido sobre la olla a presión del conflicto en la región, un pasadizo clave para el tráfico de droga hacia el Golfo de Morrosquillo.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com