Las eléctricas se resisten a concretar sus planes nucleares pese a presionar al Gobierno en público | Clima y Medio Ambiente

Si se atiende a lo que declaran en público de forma reiterada los responsables de las grandes compañías eléctricas, propietarias de las cinco plantas nucleares que operan en España, no hay dudas: hay que tirar a la basura el calendario de cierre que ellas mismas pactaron en 2019 y se debe prolongar la vida de estas centrales más allá de lo acordado. Lo llevan diciendo desde hace meses las eléctricas y un buen número de organizaciones patronales y sindicales. Pero, ante el Ministerio para la Transición Ecológica (quien debe analizar y autorizar o denegar que las plantas operen), no ha habido ninguna concreción en los encuentros que ya se han producido, según señalan fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. Porque las dueñas siguen sin poner negro sobre blanco su propuesta sobre lo que quieren hacer con las nucleares, durante cuánto tiempo pretenden que operen y en qué condiciones. Ni siquiera para Almaraz, la más vieja de las plantas y la primera que está previsto que se apague.“No hay ninguna propuesta formal de las empresas propietarias de Almaraz para ampliar el calendario de cierre”, recalcan fuentes de Transición Ecológica. Y añaden: “en las conversaciones mantenidas con las compañías, el ministerio tampoco ha constatado una apuesta concreta y unitaria sobre el futuro de Almaraz”. Además, Transición Ecológica sostiene que se ha “trasladado de manera firme a las empresas que la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no van a recaer en los consumidores”. Que se rebajen la fiscalidad y las tasas de residuos es una de las peticiones que, públicamente, llevan meses haciendo desde el sector pronuclear.Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP son las propietarias de las centrales en activo que hay en España —operan siete reactores repartidos en cinco plantas—. Pero, realmente, el negocio es cosa de dos: Iberdrola controla el 43% de la potencia atómica y Endesa, el 47%. En muchos casos, la propiedad de las plantas es compartida, con lo que deben ponerse de acuerdo. Pero los intereses y la exposición de cada compañía al negocio nuclear son dispares. En el pasado se produjeron importantes choques entre ellas. Ocurrió, por ejemplo, con la ya cerrada y en proceso de desmantelamiento central de Garoña, en la provincia de Burgos. A pesar de las maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2017 en favor de la reapertura de las instalaciones, Iberdrola acabó imponiendo entonces su opinión frente a la de Endesa y Garoña cerró definitivamente.Pese a esos intereses contrapuestos, en 2019, ya con el PSOE en el Gobierno, las eléctricas acordaron un calendario de clausura para todo el parque nuclear, que arranca en 2027 con la desconexión del primer reactor de Almaraz (en Cáceres) y que concluirá con el cierre de la planta de Trillo (en Guadalajara) en 2035. Ese calendario se acordó con Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas, algo que tiene unos costes milmillonarios que las eléctricas deben sufragar a través de unas tasas que pagan mientras estén operando los reactores.Pero hace aproximadamente un año, a la intensa presión del sector pronuclear se le unió un cambio en el discurso público de las eléctricas, empezando por Iberdrola, que comenzaron a abogar por tocar ese calendario. Aunque sostenían que, para seguir operando, se debía modificar lo que llaman fiscalidad, que incluye la tasa que pagan por sus residuos. El Ministerio para la Transición Ecológica deja claro que la gestión de esos desechos deben sufragarla las empresas. “Este departamento actuará de manera responsable guiándose siempre por el principio rector de quien contamina paga”, recalca ahora el equipo de Aagesen.Así se lo ha trasladado ya el ministerio a las compañías. Transición Ecológica —que en su planificación energética para esta década, avalada por la Comisión Europa, recoge el calendario de cierre acordado por las empresas en 2019—, insiste en que las eléctricas no han presentado ninguna propuesta concreta hasta ahora para modificar el calendario.El tiempo vuela para Almaraz. Su primer reactor tiene en estos momentos permiso para funcionar hasta noviembre de 2027, el segundo, hasta un año después. Pero en octubre de este 2025, las propietarias de esta central —en este caso compartida por Iberdrola, Endesa y Naturgy— deberían presentar ya ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) su plan de cese si es que no piden una prórroga.Fuentes de estas compañías admiten que existen visiones diferentes sobre el futuro de las centrales. Y, pese a que el calendario se conoce desde hace seis años, hasta ahora no han consensuado una posición común para presentársela al Ejecutivo. Después de las vacaciones de Semana Santa está prevista una reunión de la agrupación de interés económico CNAT, que gestiona las centrales de Almaraz y Trillo y en la que están las cuatro eléctricas. Y se espera que se aborde la posible ampliación de la vida de Almaraz ahí. Luego, si se logra una propuesta común, esta debería ser avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, en última instancia, autorizada por el Gobierno; es un proceso complejo y que lleva su tiempo, algo que se va agotando.Esa asociación de interés económico ya vivió momentos de tensión en 2019 cuando se solicitó la prórroga de funcionamiento de Almaraz hasta 2027 para el primero de los reactores y hasta 2028 para el segundo. A pesar de que unos meses antes se había pactado el calendario para el conjunto de las centrales, las discrepancias entre las propietarias sobre las inversiones que se deberían realizar en las instalaciones cacereñas y para cuánto tiempo llevaron la negociación al extremo e hicieron falta hasta seis reuniones de este órgano para encontrar una posición común, de nuevo, por los intereses dispares de cada compañía.Control del Consejo de Seguridad NuclearEn este contexto, el Gobierno ha blindado este jueves su control sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, que será clave a la hora de analizar hipotéticas prórrogas de las centrales y en el proceso de clausura y desmantelamiento de las plantas. El principal órgano de gobierno del CSN se tiene que renovar ahora. Tiene cinco miembros, y para cuatro expiraba su mandato: el del presidente y otros tres consejeros.Tradicionalmente, estos nombramientos han sido negociados, fundamentalmente, entre PP y PSOE. Pero en esta ocasión, el Gobierno ha decidido presentar su propuesta directamente, sin intentar acordarla con los populares, que ya se levantaron de otra negociación similar hace seis años. La propuesta del Gobierno incluye la renovación del presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, y dos consejeros —Francisco Castejón y Pilar Lucio Carrasco―; además de la incorporación de una nueva consejera: Silvia Calzón, ex secretaria de Estado de Sanidad en la etapa de Salvador Illa. El quinto miembro del consejo seguirá siendo Javier Dies, nombrado en su día a propuesta del PP y que continuará en el cargo hasta 2028.El reglamento por el que se rige el CSN establece que el Gobierno debe llevar su propuesta al Parlamento, donde debe ser avalada o rechazada. Para ambos casos se necesita una mayoría reforzada de tres quintos (23 votos). La propuesta del Gobierno ha cosechado este jueves 18 votos a favor y 17 en contra. No ha logrado el respaldo de tres quintos, pero tampoco el rechazo de tres quintos. Ante esta situación, el mismo reglamento establece que los nombramientos propuestos por el Ejecutivo quedan aprobados, con lo que el Gobierno se garantiza el control del CSN.