Las seis incógnitas sobre Muface que se han desvelado después de renovarse el convenio | Sociedad

Tras cuatro meses de incertidumbre, protestas de funcionarios e intensas negociaciones, la llamada “crisis de Muface” quedó resuelta —o al menos aplazada hasta 2027— el pasado 4 de marzo. Las aseguradoras Asisa y Adeslas aceptaron finalmente la propuesta del Gobierno para seguir prestando asistencia sanitaria a más de un millón de empleados públicos y familiares durante tres años a cambio de 6.250 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 41,2% de las primas para los funcionarios que eligen ser atendidos por la sanidad privada. Tres semanas después de cerrarse el embrollo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha hecho público un informe con gran cantidad de información hasta ahora desconocida sobre el llamado “mutualismo administrativo”, un modelo también vigente para el personal del Ejército (Isfas, con unos 560.000 beneficiarios) y de Justicia (Mugeju, 92.000). El trabajo se basa en el análisis de más de 400 millones de microdatos anonimizados sobre la asistencia médica al colectivo y una encuesta realizada a los mutualistas.“Es un informe muy importante porque aporta mucha luz en un debate que ha sido históricamente muy intenso, pero que ha estado basado en apriorismos. Ha habido muy poca transparencia sobre el modelo y los datos de asistencia que reciben sus beneficiarios”, afirma Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autora de varias investigaciones sobre Muface. El hecho de que el documento haya sido publicado después, y no antes, de la actualización del convenio de Muface ha llamado la atención de los expertos. “Es sorprendente que una herramienta que podía ser muy útil en la renovación no haya podido ser discutida y tenida en cuenta en las negociaciones”, opina José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad y otro de los expertos de referencia del modelo.La Airef acaba proponiendo en su informe reformas estructurales para el futuro, la más importante de las cuales a largo plazo es la incorporación de los nuevos funcionarios al sistema público de salud. Esto, en línea con lo apuntado en los últimos años por la mayoría de expertos, dibuja un horizonte en que el modelo se iría extinguiendo sin cambios abruptos en el presente que repercutan en la sanidad pública ni en los pacientes que llevan décadas acostumbrados al modelo vigente.Los que siguen son seis aportaciones y evaluaciones del documento según los investigadores consultados.Un modelo sin parangón en Europa que se aleja de la equidad. La sanidad pública española entra dentro del llamado modelo Beveridge, que también tienen países como Reino Unido, Italia, Suecia y Portugal, entre otros, y que “está caracterizado por una financiación mediante impuestos generales y [una] cobertura universal”. Esto lo diferencia de países como Francia y Alemania, que siguen el modelo Bismarck, “basado en las cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores”. El informe destaca que todos los países con el modelo Beveridge han hecho desaparecer “los regímenes especiales de funcionarios”, ya sea al “crear sus sistemas sanitarios universales o como consecuencia de reformas vinculadas a crisis económicas”. Aunque este ya era un hecho conocido, el informe pone el foco en sus consecuencias: “Esta excepcionalidad española […] plantea cuestiones sobre la equidad y la coherencia del sistema sanitario en su conjunto”. Para Repullo, “Muface es una anomalía que rompe la equidad y que otros países han ido eliminando, como el propio informe apunta a hacer de forma progresiva en el futuro”.Los policías, los funcionarios que más eligen ser atendidos en la sanidad privada. El sistema Muface, financiado con fondos públicos, incluye a 1,54 millones de funcionarios que pueden elegir entre acudir a la sanidad privada (1,08 millones beneficiarios) o pública (457.000). En los últimos años se han ido conociendo más datos, como que crece el número de personas que prefiere la pública —en 2016 eran el 19,6% y ahora el 29,7%—, especialmente porque los funcionarios más jóvenes eligen masivamente esta opción. La Airef aporta ahora información inédita sobre las preferencias de algunos grupos profesionales. “Los colectivos con mayor tendencia hacia la sanidad privada son los cuerpos de seguridad”, recoge el informe, que detalla que, dentro de esta profesión, el 95,8% de hombres de entre 40 y 49 años elige la sanidad privada. Por el contrario, “la mayor preferencia por la sanidad pública se concentra en mujeres menores de 40 y en […] profesores de universidad”.La sanidad pública acaba atendiendo la mayoría de casos graves y muy graves. Este ha sido el gran debate histórico en torno a Muface y del que nunca habían sido publicado datos. Los aportados ahora por la Airef son concluyentes. “Aunque solo el 24% del total de mutualistas opta por la provisión pública, esta proporción se incrementa sustancialmente hasta alcanzar el 70% en aquellos casos que precisan episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema”, destaca el informe. “Este dato confirma las sospechas que había. Algunas voces defendían que Muface suponía un ahorro porque las primas pagadas a la sanidad privada eran inferiores al gasto por habitante y año en la sanidad pública. Pero este argumento se desvanece si vemos que, al final, es la sanidad pública la que acaba atendiendo a gran parte de los pacientes complejos y de mayor coste”, sostiene Juan Oliva, profesor de Economía de la Salud en la Universidad de Castilla-La Mancha. El análisis de la Airef concluye que este trasvase se produce en prácticamente todas las especialidades: “En los casos más severos, la atención en centros públicos alcanza proporciones significativamente altas: en patologías psiquiátricas llega al 82,5%, y en quimioterapia alcanza el 69,4% de los casos. Esta tendencia se mantiene en patologías de alta complejidad como traumatismos y coma (72,7%), infecciones y sepsis (61,2%), y problemas nefrológicos y diálisis (60,5%). Incluso en patologías mayoritariamente tratadas en el ámbito privado, como fracturas y vesícula biliar, la proporción de atención pública en casos severos aumenta significativamente, con el 58,2% y 51,1% respectivamente”.Muface paga los medicamentos mucho más caros y utiliza menos los genéricos. Un apartado en el que la Airef aporta información totalmente desconocida hasta ahora es en el del gasto farmacéutico. “Los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios […] a precios significativamente más elevados que el de adquisición de los servicios públicos de salud, y se llega en algunos casos a sextuplicar el coste”. Como ejemplo, el informe analiza el gasto que la sanidad privada factura a Muface por el adalimumab, un anticuerpo indicado frente a enfermedades autoinmune como la artritis reumatoide, y destaca que “el coste por unidad del medicamento de marca comercial facturado a las mutualidades (aproximadamente 328 euros) supera significativamente el coste medio en el Sistema Nacional de Salud (168 euros)”. Estas diferencias, sigue el documento, revelan un importante “potencial de ahorro” que ascendería a “5,8 millones de euros, únicamente en esta especialidad farmacéutica”. La Airef también destaca que la sanidad privada tiene a prescribir menos medicamentos genéricos, un 31,9% del total, en comparación con la pública (39,6%). Para Beatriz González López-Valcárcel esto revela una “peor calidad en la prescripción que repercute negativamente en la eficiencia y es una señal de que los incentivos no están bien diseñados”.Los pacientes ‘privados’ de Muface van más al médico y se someten a más pruebas diagnósticas. Este es otro punto en que la Airef descubre grandes diferencias entre la prestación sanitaria privada de Muface y la sanidad pública. En traumatología, por ejemplo, el informe revela que por cada 1.000 pacientes de la asistencia privada se producen 706 consultas al año por solo 168 en la pública. Las diferencias son también muy importantes en oftalmología (522 y 160, respectivamente), ginecología (514 y 128) y dermatología (401 y 86). En pruebas diagnósticas, también se observan patrones dispares. Mientras en la privada se hacen 165 resonancias magnéticas por cada 1.000 personas al año, en la pública esta cifra desciende a 46. Los datos en mamografías son 136 y 46, respectivamente, mientras se invierten en biopsias (88 en la pública y 72 en la privada), lo que presumiblemente se debe al mayor número de procesos complejos tratados en los centros públicos. Los expertos consultados destacan las “enormes diferencias” en algunos casos, que pueden revelar una “sobreutilización” de algunos recursos en la privada, aunque el informe no entra en las causas que podrían explicarlas. El informe destaca que, según la encuesta realizada, “esta mayor accesibilidad” a las pruebas y consultas con especialistas “ha sido señalada por los mutualistas […] como uno de los factores determinantes en su elección del modelo de provisión [privada]”.Mejoras pendientes en los sistemas de información y la receta electrónica. Entre sus conclusiones y recomendaciones, la Airef pone el foco en otra de las diferencias de la provisión privada respecto a la pública. “La implantación de la receta electrónica en las mutualidades muestra un desarrollo desigual, con una cobertura prácticamente total en el régimen público pero un notable retraso en el ámbito privado”, recoge el informe, que extiende esta necesidad de mejora a la historia clínica y la interrelación con el Sistema Nacional de Salud.