El exjefe de la Función Pública, César Manrique, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue condenado en otro proceso en su contra. Este caso está relacionado con una contratación irregular para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá, la cual firmó hace 13 años como representante del Fondo de Vigilancia de la ciudad, durante la alcaldía de Gustavo Petro.Según el proceso, que pasó de la jurisdicción de la Corte a la Fiscalía y sobre el cual decidió el juez primero de Conocimiento de Bogotá este lunes 31 de marzo, el exfuncionario fue condenado a 10 años de prisión. Manrique era procesado por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.Quedó absuelto por el primer cargo y fue declarado cuplable en primera instancia por los otros dos.Los hechos por los que fue procesado apuntan a un contrato, por 4.357.000.000 que firmó cuando fue gerente (e) del fondo de Vigilancia de Bogotá, el 28 de agosto de 2012, en el que se determinó que hubo detrimento patrimonial y favorecimiento indebido por una cuantía de 1.000 millones de pesos. El juez compró los argumentos de la Fiscalía que aducía que se vulneraron los principios de transparencia y de selección objetiva y que el detrimento se filtró mediante las adiciones. Ya que cada moto tuvo un valor de 29 millones de pesos, pero se cobró un millón más en seguros y 5 millones por el cargador de la batería. “Este debía estar dentro del valor de la moto pero nu fe encontrado en la inspección realizada por la Contraloría. Al estudiar los costos y piezas del kit, la Fiscalía concluyó que su valor no superaría el 1.073.000 pesos”. En el documento, el contrato número 559, se detallaron las características de las motocicletas en cuestión. “El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá manifestó al gerente del Fondo (Manrique), mediante el oficio con radicado 2012ER15081, la necesidad prioritaria de contar con nuevos vehículos que sean suficientes y cumplan con las características técnicas y exigencias del servicio policial”, se lee. Se buscaba fortalecer el equipo de movilidad de la Policía Metropolitana que se encontraba en déficit por la creación de nuevos cuadrantes y la salida de las calles de los vehículos que han salido su vida útil. En esa época, el entonces alcalde Gustavo Petro Urrego se pronunció sobre el tipo de vehículos que buscaba su administración. “Se inicia otra época en el manejo tecnológico de los equipos de la Policía y de la seguridad, y es la del uso de la electricidad. Son motos sin ruido, sin contaminación, esas serán las motos que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante”. Destacó que este nuevo equipamiento permitiría una mayor eficacia en la operatividad de la Policía, ya que se trata de vehículos silenciosos. “Su patrullaje será silencioso, lo cual es un instrumento fundamental en la seguridad preventiva”.Se fijó un monto de 4.357.000 pesos con la empresa Northbound Technologies S.A.S., encargada de traer al mercado las motocicletas de la marca Zero Motorcycles. Asimismo, se estableció un plazo de cinco meses, con un pago anticipado del 40 % y el resto en pagos parciales por cada entrega realizada por el contratista.Se precisó que existía una póliza de garantía de cumplimiento y que la entidad podía dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si, por cualquier medio, tenía conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento.El polémico convenio fue adjudicado mediante contratación directa y, en agosto de 2023, anulado por el Consejo de Estado. En su fallo, el tribunal argumentó presuntas irregularidades en la forma en que se seleccionó al proveedor de las motocicletas.“Se fundamentó en haberse permitido el procedimiento de selección del contratista, el cual, según la propia entidad demandante, debió haberse realizado mediante licitación pública, así como en la nulidad del acto previo que justificó la contratación directa, basado en una motivación falsa, consistente en que solo existía un único proveedor”, dicta la decisión.Además, el fallo precisó que la cotización presentada por Northbound Technologies S.A.S., cuyo representante legal en la época del contrato con el Fondo era Carlos Andrés Vaca Jiménez, recibió un trato preferente y se adelantó a las propuestas del resto de oferentes.Según la empresa, la cotización se habría presentado con antelación porque “conocieron la intención de adquirir las motocicletas por los medios de comunicación”.Sin embargo, al Consejo de Estado le llamó la atención que la ficha técnica y las condiciones de la oferta parecían calcadas de los requisitos publicados por la entidad.Por estas mismas irregularidades, acaba de ser condenado el entonces gerente del Fondo de Vigilancia, Manrique.Sara Valentina Quevedo Redacción Justicia