El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, volvió a agitar el debate jurídico en torno al polémico ‘decretazo’ mediante el cual el presidente Gustavo Petro intentó convocar a una consulta popular nacional. Dicha convocatoria fue derogada por el jefe de Estado tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Sin embargo, en el alto tribunal sigue en curso el estudio de constitucionalidad sobre si el Presidente de la República puede, en futuros escenarios, convocar una consulta por decreto.En un escrito de 34 páginas, Montealegre -padre jurídico del ‘decretazo’- solicitó a la Corte Constitucional la nulidad parcial del auto que avocó conocimiento de ese decreto, fechado el 20 de junio, por considerar que la decisión vulnera el debido proceso y desconoce la competencia natural de la propia Corte.Minjusticia reitera a la Corte que es competente para revisar el ‘decretazo’ de consulta. Foto:Archivo ParticularEl fondo del debate gira en torno a si el control constitucional del decreto de la consulta popular le corresponde a la Corte —por ser una norma con fuerza de ley— o al Consejo de Estado —por tratarse de un acto que algunos califican como electoral—.La Sección Quinta del Consejo congeló el ‘decretazo’ -previo a la decisión del presidente Petro de derogarlo- al considerar que el Gobierno debió pedir primero el concepto previo del Senado.El reclamo se dirige específicamente al numeral tercero del auto emitido por la Corte Constitucional, en el que este alto tribunal rechazó una solicitud del Ministerio para que se pidiera al Consejo de Estado remitir las demandas que cursan allí contra el decreto presidencial. Según Montealegre, esa negativa afecta la garantía del juez natural, prevista en el artículo 29 de la Constitución, y genera un conflicto de jurisdicción que no puede resolverse con la coexistencia de dos procesos en paralelo.“La competencia en este caso corresponde a la Corte Constitucional”, sostiene el Ministro. “No es admisible la breve y poco fundada argumentación del auto según la cual dos jurisdicciones pueden ser competentes sobre el mismo caso”, agregó.Consejo de Estado Foto:Consejo de EstadoGobierno busca cambiar al juez que revisa tutelas del presidente Gustavo PetroEn apenas unos meses, el Consejo de Estado tomó varias decisiones contra el jefe de Estado: congeló el ‘decretazo’ de la consulta popular; prohibió transmitir los consejos de ministros por canales privados; ordenó retractarse por sus afirmaciones contra la familia Vargas Lleras y sobre el asesinato de Gloria Lara. En ese tiempo, el Consejo también falló a su favor: rechazó tutelas por los buses diésel y exhibir la bandera del M-19 en eventos públicos.Ahora, el recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, alista un decreto para quitarle al Consejo de Estado la competencia de conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente de la República. La norma que ahora se busca revocar fue expedida por el gobierno de Iván Duque en 2021 y centralizó estos casos en la más alta corte administrativa del país.Con este decreto, el gobierno Petro pretende revertir esa decisión y darle la facultad a los jueces del circuito. El jefe de la cartera de Justicia dijo que busca “volver a lo que dice la Carta Política y nada más, pues la Constitución establece que cualquier juez puede hacerlo”.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetPara algunos, no hay coincidencias. Wilson Ruiz, ministro de Justicia de Iván Duque, aseveró que “este borrador representa un retroceso preocupante en el control judicial al Presidente”.Añadió que, de igual forma, esas decisiones de jueces del circuito escalarían al alto tribunal para su posterior revisión. “El Consejo de Estado tiene experiencia, conocimiento técnico y jurisprudencia consolidada. Cambiarlo por jueces del circuito debilita ese filtro y abre la puerta a decisiones dispersas, sin unidad de criterio”, aseguró Ruiz.Desde otra orilla, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, recuerda que este tipo de cambios por decreto ya se han hecho antes –en gobiernos como el de Pastrana o el mismo Duque–, pero eso no significa que sea conveniente.“Jurídicamente sí es posible hacer ese cambio, pero ya se demostró que no era conveniente porque los altos dignatarios del Estado merecen que sus asuntos se ventilen ante altas autoridades. Siendo el Consejo de Estado la máxima autoridad administrativa en Colombia, es lo correcto que se entere de las tutelas contra el Presidente”, dijo.El abogado Fabio Humar dice que el Ejecutivo está “peleando con el árbitro. El Consejo ha sido una piedra en el zapato para muchos gobiernos. Entonces, ahora lo sacan del camino. No se revisa si el decreto es bueno o malo, sino cómo evitar al juez que puede frenarlo”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com