Sánchez anuncia medidas para frenar la privatización sin calidad del sistema universitario | Educación

El presidente de Gobierno ha anunciado este lunes durante un acto en la UNED una serie de medidas destinadas a endurecer los requisitos para abrir una universidad privada en España o para mantenerse, en el caso en que los centros ya estén inaugurados. Ello supone modificar el decreto de creación y reconocimiento de universidades, aprobado en 2021 con Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades. Esta orden ha demostrado quedarse corta, pues siguen abriéndose centros privados de mala calidad, ratificada por el informe del ministerio que los suspende. Pronto en España habrá más universidades privadas (hoy 46) que públicas (50). Además del informe de los técnicos del ministerio para poner en marcha una universidad, se suma uno nuevo obligatorio y vinculante que va a ser elaborado por la agencia de evaluación ANECA o las agencias correspondientes en las autonomías. Además, se van a endurecer los criterios de apertura de los centros privados, de forma que los campus lleguen a los 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de andadura. Asimismo, se controlará la solvencia económica del proyecto ―hay iniciativas con 3.000 euros de capital social―; tendrán que crearse un 10% de plazas de alojamiento universitario, para que el precio de los alquileres no sea un freno a la matriculación de los alumnos pudientes; los criterios de investigación serán más duros, y las universidades que tengan más de un 80% de los créditos de enseñanza on line, que tienen sede en una comunidad pero alumnos en todo el territorio, tendrán que contar con el voto a favor de las Cortes Generales “para garantizar la calidad” en todas partes.Sánchez ha anunciado que llevarán mañana el trámite de urgencia (plazos más breves y el 2 de abril se abre la consulta previa con los rectores y los estudiantes) al Consejo de Ministros “para que entre en vigor lo antes posible”. Y la intención es que en mayo vaya la versión final al Consejo de Ministros.El modelo ha cambiado y la universidad privada ya no es subsidiaria de la pública sino pronto mayoritaria, acogiendo en la mayoría de los casos el excedente de alumnos que no caben en las aulas del Estado de carreras muy demandadas. Hace un año el ministerio, ahora en manos de Diana Morant y fusionado con Ciencia e Innovación, anunció que trabajaba en una modificación del decreto de Castells con los rectores. Sin embargo el secretismo ha sido tal que estos ―que verán con el ministerio los cambios este miércoles― se han enterado de los planes finales del gobierno al mismo tiempo que la prensa. Muchos se han desplazado a Madrid para escuchar la mesa redonda En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social.El Ejecutivo reforma el decreto de Castells, pero no va a tocar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De forma que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), hecho por los técnicos del ministerio, va a seguir no siendo vinculante. Solo es preceptivo que se elabore, así que los gobiernos autonómicos siguen adelante con proyectos sonrojantes. Comisiones Obreras, que presentó un informe el pasado jueves sobre la privatización, aboga por imponer el informe favorable de la CGPU y el propio PSOE a mediados de marzo votó a favor de una enmienda de Sumar en la comisión de Ciencia en la que, entre otras cosas, se pide que se modifique la LOSU para que sea necesario contar con el fallo positivo de la conferencia.Pero ahora el Gobierno no abre ese melón de la ley orgánica ―los rectores pensaron que así sería―, porque no cuenta con el respaldo de los nacionalistas. El PNV se abstuvo por motivos competenciales en la PNL y PP y Vox votaron en contra. Junts ya se había mostrado contrario también a respaldarlo por temas competenciales. Desde que los socialistas llegaron al poder en 2018, se han emitido 21 informes desfavorables de la CGPU, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios y, pese a ello, se han aprobado 12 universidades (Madrid 5, Andalucía 4, Canarias 1, Galicia 1 y País Vasco 1), algunas con el informe anterior al gobierno de Sánchez, y otras están en el proceso.Está por verse si, desde que se aprobó el decreto en julio de 2021, las privadas que ya existían han mejorado en investigación, profesorado o infraestructuras, tal y como les obliga la resolución. En el caso de las públicas, a quienes también se aplica, el talón de Aquiles es la escandalosa precariedad de las plantillas (49% con contratos temporales), no el resto de condiciones. La orden obliga a que todas las universidades tengan un 50% de alumnos de grado ―para frenar el enorme negocio de los cursos no oficiales―, que el 50% de los docentes sean doctores, que oferten 10 grados y seis másteres ―para que no tengan el tamaño de un colegio grande― o dos escuelas de doctorado, de forma que se promueva una investigación casi inexistente. En los extremos, un investigador de la Pompeu Fabra (pública) escribió en 2023 4,57 artículos, frente a los 0,12 de la Universidad Europea de Valencia (en manos de un fondo de inversión), según el observatorio IUNE.El decreto de Castells otorga cinco años a los centros para mejorar su calidad, así que en poco más de un año se supone que tendrían que rendir cuentas ante la administración autonómica. Si no cumplen los requisitos, supuestamente empezaría un proceso de cierre que nadie termina de creerse. Es una decisión muy impopular y es difícil que un gobierno autonómico se auto enmiende y clausure una institución que probablemente auspició (si no ha habido cambio de partido en el poder).Hay más de una decena de proyectos esperando la luz verde para ser universidades: cuatro en Extremadura y Madrid y uno en Asturias, Aragón y Baleares y Galicia. La aldea gala es Castilla-La Mancha, a punto de aprobar una ley que fuerza a investigar para ser universidad. El gobierno de Asturias, en manos socialistas, se ha comprometido a no aprobar ningún campus sin el informe positivo de la CGPU. “Nos estamos alejando del modelo continental de universidades. España es el país que más se ha privatizado en los últimos 20 años”, ha destacado Carles Ramiò, catedrático de Administración Pública de la Pompeu Fabra y autor del libro La privatización de la Universidad en España.Previsiblemente este endurecimiento de los requisitos terminará en los tribunales, pues son muchos los no interesados en cumplirlo. Hay un precedente: en 2022 el Tribunal Supremo desestimó el recurso planteado contra el decreto de Castells por la Fundación Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) de Santander. El alto tribunal sostuvo que las privadas no pueden tener un régimen jurídico sustancialmente diferente al de las públicas. Admitió que se inauguren “entidades que operen en la pura esfera privada, tales como academias de lenguas o de preparación de concursos, sociedades de amigos del país, escuelas libres de eméritos…”, pero respaldó la idea de que, si se pretende ser una universidad, aunque sea privada, haya que “satisfacer las exigencias que el ordenamiento jurídico impone a estas”.“Nos preocupa la asfixia económica a la que están sometidas las universidades en algunas comunidades autónomas”, se ha quejado la ministra en clara alusión a Madrid. Y ha recordado que desde que los socialistas llegaron al poder, las transferencias a las comunidades se han incrementado un 50% y no ha tenido su reflejo en un incremento de la inversión en los campus. Hasta el año pasado no han recuperado la financiación real de 2009 ―teniendo en cuenta la inflación― y no en todas las regiones.Este domingo la vicepresidenta primera María Jesús Montero afirmó que los cetros privados son “la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza” e Isabel Díaz Ayuso, que preside Madrid una comunidad con 14 privadas, se ha dado por aludida y ha contestado este lunes en X: “Las declaraciones de la ministra amenazando y denigrando las universidades privadas son inaceptables y rayan en la ilegalidad. Atentan contra la libertad de empresa y educativa, contra la seguridad jurídica y la neutralidad institucional”.