Un juez federal rechazó este lunes el tercer intento de la compañía Johnson & Johnson de utilizar un procedimiento de bancarrota para crear un fondo fiduciario multimillonario para pagar a las mujeres que afirman haber contraído cáncer al usar talco para bebés y otros productos supuestamente contaminados con una sustancia tóxica. La compañía había puesto sobre la mesa indemnizaciones con un valor actual de 6.475 millones de dólares (o unos 9.000 millones a pagar en 25 años) para las víctimas de cáncer de ovario. Esa cifra, junto a las indemnizaciones pactadas para casos de mesotelioma y otras reclamaciones, elevaba la factura a pagar por Johnson & Johnson a unos 11.000 millones de dólares de valor actual.En una resolución de 57 páginas, el juez de quiebras Christopher López desestima el concurso de acreedores que había solicitado Red River Talc, una filial en la que Johnson & Johnson quería encapsular los pleitos por los polvos de talco. Entre otros argumentos, el juez aprecia irregularidades en el proceso de votación por el que se había logrado un apoyo del 75% de las víctimas tenía irregularidades.Para la compañía que dirige el español Joaquín Duato, las demandas por los polvos de talco se han convertido en una pesadilla que no consigue olvidar. La compañía ha sacado el talonario para tratar de pasar la página, pero no lo logra. Johnson & Johnson intentaba por tercera vez utilizar una pequeña filial para resolver las demandas relacionadas con el talco que implican cáncer de ovario y otras enfermedades ginecológicas similares, en lugar de enfrentarse a juicios en diferentes tribunales de todo el país.Las demandas presentadas contra la empresa alegan que sus polvos de talco provocaban a las usuarias cáncer de ovario, por su uso para la higiene femenina, o mesotelioma, un cáncer que afecta a los pulmones y otros órganos y que está vinculado a la exposición al amianto.Las reclamaciones contribuyeron a la caída de las ventas de talco para bebés de Johnson & Johnson, lo que llevó a la empresa a dejar de vender sus productos a base de talco en 2020 en Estados Unidos y Canadá y a anunciar en 2022 que los retiraba en todo el mundo.La empresa ha defendido, pese a ello, que su producto era seguro y que las decenas de miles de demandas presentadas carecen de fundamento. Aun así, ha resuelto la mayor parte de las referidas al mesotelioma y estaba dispuesta a pagar sumas multimillonarias por las debidas al cáncer de ovario.La diferencia en esta ocasión era que había una votación previa por parte de las demandantes. Para salir adelante, se necesitaba la aprobación del 75% en un plazo de tres meses para así presentar ese acuerdo preconcursal y tramitar la bancarrota. En caso de acuerdo, se habría resuelto el 99,75% de las demandas pendientes por polvos de talco contra la compañía y sus filiales en Estados Unidos.El juez, sin embargo, ha rechazado la bancarrota. “Basándose en el expediente, el tribunal considera que lo mejor para Red River, su patrimonio, su principal proponente del plan, J&J, y los acreedores es desestimar este caso por causa justificada. Las irregularidades en la votación y la solicitud previas a la petición, incluido el tiempo de votación irrazonablemente corto para miles de acreedores, se hicieron para llegar al 75% a cualquier precio”, dice su resolución. “Aunque la decisión del tribunal no es fácil, es la correcta”, añade. “El tribunal espera que se haga algo por J&J, Red River y los demandantes que también quieren que sus casos se resuelvan de forma definitiva”, concluye.Los abogados y demandantes contrarios al acuerdo alegaban que Johnson & Johnson es una compañía rentable y financieramente sana y que situar los procedimientos legales en una filial que se acoja a la bancarrota era un subterfugio para blindarse. El juez hace alguna alusión a que este sea el tercer intento, pero asegura que no es esa la razón por la que rechaza el concurso de acreedores.Los dos primeros intentos de la empresa de pagar las reclamaciones a través de un fideicomiso de quiebra fueron desestimados por un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia después de haberse tramitado en Nueva Jersey. Al trasladar el caso a Texas, la empresa quedó bajo la jurisdicción del tribunal de apelaciones de Nueva Orleans, que ha emitido decisiones más acordes con sus argumentos jurídicos. La empresa puede ahora recurrir a ese tribunal.

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