Una madre denuncia que los servicios sociales de Madrid le quitaron a su hija recién nacida: “Llevo una semana sin verla y sin saber dónde está” | Sociedad

Pamela La Rosa dio a luz a su hija hace nueve días, el miércoles 26 de marzo. La vio ese día, al siguiente y al siguiente. “Y ya no la he vuelto a ver”, dice la tarde de este jueves. Habla durante más de una hora haciendo la cronología hasta llegar al momento en el que la Comunidad de Madrid “se lleva” a la niña. Tiene 22 años y vino a España desde Perú hace cuatro meses. El viernes de la semana pasada, al hospital de Torrejón de Ardoz donde nació se acercaron “dos mujeres” de los servicios sociales para informarle de que corría riesgo, tanto la bebé como ella, por un proceso abierto por violencia machista contra su pareja.Durante todo el relato, ella repite algo que lleva una semana diciéndole también a la Administración, porque con los cuatro puntos de la episiotomía que le hicieron y el dolor de pecho por llevar varios días sin poder darle de mamar a su hija, ha ido varias veces al hospital, al Instituto del Menor y la Familia de Madrid, a los juzgados de Torrejón, a la Fiscalía de Menores y al GRUME (el Grupo de Menores de la Brigada de Policía Judicial): “Les digo y les digo que si el peligro para la niña y para mí es el padre, por qué me la quitan a mí. Ya no solo que me la quiten, es que no sé dónde está, no me lo quieren decir, no me dejan verla, llevo una semana sin ver a mi hija”.La razón que da la Comunidad tiene origen el 22 de febrero. Ese día, ella denunció a su pareja “por un episodio de violencia” y una jueza le impuso a él una orden de alejamiento. La recomendación de sus abogados de oficio ―tanto de ella como de él― es que arreglaran las cosas porque “no había sido tan grave”. Y ella y él deciden “llevarse bien” porque la niña estaba a punto de nacer y “lo más importante era eso”.La Rosa cuenta que “fue una discusión con un forcejeo” y desconocía cómo son “las leyes en España sobre la violencia de género”. Ella llegó el 4 de diciembre a Madrid; el padre de la niña, de 31 años, llegó también desde Perú apenas dos meses antes. Ni él ni ella conocían a nadie en España: “Yo me vine porque pensé que este era un mejor lugar para que mi hija creciera, para que tuviese una vida mejor”.El día del partoCuando el 25 de marzo por la noche, el martes de la semana pasada, La Rosa se puso de parto, quien la acompañó al hospital fue él, el padre de la niña. Dio a luz sobre las tres de la tarde del miércoles y al día siguiente, el jueves, “la policía vino al hospital y se lo llevó detenido”, recuerda ella. La Policía Nacional confirma esa detención “por quebrantamiento de orden de alejamiento”.Al día siguiente, ya viernes, dos mujeres fueron a hablar con ella a la habitación: “Trabajaban en violencia de género en la Comunidad, me preguntaron varias cosas y me dijeron que estaba en riesgo tanto yo como mi hija y que tenía dos opciones: irme a una casa de acogida con mi hija o dejar a la niña allí e irme y que entrara en adopción. No entendí ni cómo me planteaban eso, les dije que yo tenía pensado volver a la casa donde estaba, pero que si no, me podía ir a casa de una amiga, y que si así tampoco, aceptaba irme a la casa de acogida. Ellas me dijeron que vale, que empezaban a tramitarlo ya”.Al cabo de una hora, esas dos trabajadoras sociales volvieron: “Que lo sentían pero que no había plazas en la casa que me habían ofrecido, que estaban todos los recursos agotados y que tenía que dejar allí a la niña. Les insistí en que no me iba a ir sin mi hija, les dije que si hacía falta dormiría en el pasillo de una comisaría, pero con mi hija. No me dieron opción, me insistieron en que me tenía que ir, que el hospital tampoco quería que me quedara allí otra noche, que me marchara y que no me estaban quitando a mi hija, que solo iban a ser unos días. La verdad es que sí, sí me la estaban quitando”.A La Rosa nadie le dio ningún papel, ningún informe, nada que acreditara que la niña quedaba bajo tutela de la Comunidad. Solo le dijeron que volviera el siguiente lunes, que fue este lunes pasado, el 31 de marzo.Los argumentos del hospital y la ComunidadDesde el hospital explican que “en todos los hospitales existe la obligación de notificar a las autoridades competentes cuando se percibe una situación de desamparo o riesgo para el bebé, como sucedió en este caso”. Y fue cuando avisaron a los servicios sociales: “Y ya la Comunidad de Madrid se encarga de tomar las medidas oportunas para la seguridad del bebé, el hospital ya no puede decidir nada”.La Rosa se pregunta “en qué momento” desamparó a su hija: “Si lo único que quería era que no me separaran de ella. Yo no la abandoné, me la quitaron”. La Consejería de Familia, de la que depende el Área de Protección del Menor, comunica que “una retirada en el hospital se produce por existir graves indicadores de riesgo para el bebé. En todo caso, las medidas siempre se establecen buscando el interés superior del menor, intentando la reincorporación familiar de la forma más rápida posible, pero garantizando siempre la seguridad del niño. Como todas las medidas administrativas, la situación del menor está supervisada por la Fiscalía y la decisión se puede recurrir ante el juez”.Y aunque desde la Consejería no quieren dar más información, otras fuentes cercanas a este caso explican que habitualmente no se da información a los padres pensando en las otras muchas ocasiones en las que, al contarles dónde estaban los menores, se han producido “situaciones peligrosas y de riesgo”. Los servicios sociales vieron peligro en este caso porque, siempre según estas fuentes, “Pamela quería volver a casa con su pareja, no parecía tener intención de cortar esa relación, se entendió que eso era un riesgo para la menor”, y, añaden, “rechazó dos veces los recursos que se le ofrecieron”.La Rosa asegura que eso “no es cierto”: “Primero, yo no manifesté que no quisiera cortar relaciones con el padre así como dicen, les dije que eran dos cosas separadas, que entendía lo que me explicaron del riesgo para mí y para mi hija pero que eso nada tenía que ver con que me la quisieran quitar de esa manera. Y el ofrecimiento de los recursos no pasó como cuentan”.La primera vez que le hablaron de la casa de acogida fue ese viernes en el hospital: “Desde el minuto uno dije que sí, ¿qué culpa tengo si no había sitio? Me obligaron a irme del hospital sin ella”. Volvió al día siguiente, el sábado, para verla y darle de mamar: “Y ahí me dijeron que la niña ya no estaba allí, que se la habían llevado, que si quería saber algo fuese a Atención al Paciente, pero al ser sábado allí no había nadie”.El lunes regresó al hospital, tal como le habían pedido, y fue la segunda vez que le ofrecieron la casa para mujeres víctimas de violencia machista: “Me dijeron que me habían encontrado una plaza en un lugar en el que debía entrar y salir en un horario, no podía ver a nadie, ni nadie, ni siquiera mi familia que está en Perú, podía saber dónde estaba. Les dije que me dieran un momento para hablar con mi hermana y con mi abogado porque yo necesitaba poder estar en contacto con mi hermana. Mis papás murieron y ya somos mis dos hermanos, mi hermana y yo, y yo necesito tener contacto con ella. No me lo dibujaron como un lugar muy amable, la verdad. Yo no sabía qué hacer, estoy sola en España”.Cuando volvió para hablar con ellas sobre la casa de acogida, La Rosa asegura que empezaron a comentarle cuestiones sobre la retirada de la tutela de la niña y ella tuvo miedo y se fue.La cita en el Instituto de la Familia y el MenorEste miércoles, a las nueve de la mañana, tenía otra cita, esta vez en el Instituto de la Familia y el Menor. “Me dijeron que me iban a informar de que se iban a iniciar unos trámites de retirada de la tutela y quisieron hacerme firmar papeles”, cuenta La Rosa, que dice que salió de allí sin firmar nada y solicitando entrar con su abogado, Juan José Veintimilla, al que no dejaron pasar.“Me dijeron que ellos no sabían si yo era el abogado o quién y que por seguridad no me podían dejar pasar porque yo no estaba citado. Y que si quería información, cogiera cita. Presenté una instancia de inmediato”, explica el letrado, al teléfono. En el recibo de presentación consta que esa petición entró a las 10.51 del 2 de abril, con el Área de Protección del Menor como destinataria de la solicitud “cita urgente con técnico de protección del menor”.Desde esa oficina, el abogado y La Rosa fueron a los juzgados de Torrejón para, explica Veintimilla, “solicitar el archivo de la causa por violencia de género”. Pamela retiró todas las acciones penales y civiles contra su todavía pareja por la recomendación de su abogado. “Si la Comunidad se está agarrando a eso, archivando este caso ya no podrán esgrimir ese argumento”, explica el letrado que asegura que, hasta ahora, “la forma en la que se ha llevado este proceso no se ajusta a derecho ni se ha cumplido estrictamente con los protocolos”.Preguntado por si no considera peligrosa esa línea de defensa a seguir, tanto para la madre como para la hija, Veintimilla responde que no: “Llevo años trabajando con violencia machista y los hechos no ameritan una medida de protección. Ni siquiera por parte de la policía hubo tal valoración de riesgo”. La autopercepción del riesgo de las mujeres que viven un episodio o contextos continuados de violencia suele estar condicionada ―y en muchas ocasiones es minimizada― por la propia situación; tanto más cuanto más factores de vulnerabilidad tienen, y es algo que conocen, y tienen en cuenta, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y distintos organismos. No suele ser, sin embargo, algo característico de las líneas de defensa de estas mujeres. La ausencia de una comunicación por escritoAmparo Díaz, abogada experta en violencia machista desde hace varias décadas, explica que “desde luego, lo que no se ha ajustado a protocolo alguno es no haber recibido ninguna información por escrito con los motivos por los que le retiran a la niña, supone una actuación sin garantías legales, al ser todo verbal”.Explica esta letrada que “la Comunidad puede intervenir para proteger a un menor si existen indicadores de riesgo objetivos para ese menor que muestren desamparo, que es más que riesgo: significa que no hay ninguna otra opción alternativa que retirar la niña a la madre. Y eso tiene que venir de un análisis que puede ser rápido pero tiene que ser profundo y las decisiones tienen que ser proporcionales. En cualquier caso, en la retirada se tienen que adoptar unas medidas para que haya contacto con el menor y se acuerda cómo van a ser”.Ahora, expone, “ella tiene la opción de oponerse al desamparo, demostrando que tiene la posibilidad de ofrecer un entorno protegido para su hija, pero tiene que ser rápido porque hay un plazo muy breve para hacerlo y ella aún ni siquiera tiene documentación en la que la Comunidad le explique nada”.La Rosa insiste: “Entendiendo todo, cómo funcionan las leyes, el peligro, ¿por qué no me dicen dónde está, ir a verla aunque solo sea un par de horas, tres, y darle de mamar, estar con ella? ¿Por qué me estoy perdiendo los primeros días de la vida de mi hija?“.